HUELVA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva, Esperanza Cortés, ha señalado este lunes que la propuesta realizada por el Partido Popular de que algunas empresas puedan gestionar los Residuos Sólidos Urbanos en Almonte en vez de el la Planta de Tratamiento de Villarrasa contraviene una ordenanza de la Diputación y los objetivos previstos en el Plan de Ajuste aprobado por unanimidad por el Pleno de la institución provincial, y por tanto, con el voto favorable del propio Partido Popular.
Según ha explicado la diputada, la ordenanza contempla que aquellas empresas autorizadas que no pagaban la tasa por el recibo de residuos sólidos --que pagamos todos los ciudadanos-- pagarán 35 euros por tonelada para su tratamiento en la Planta de Villarrasa. Si bien las empresas están dispuestas a pagar esta tasa, el diputado del Partido Popular José Luis Barragán ha trasladado la petición de las empresas de ahorrarse el transporte hasta Villarrasa, pretendiendo dejar la basura en la estación de transferencia de Almonte, que no fue creada para esta función, según ha informado el ente en un comunicado.
Esperanza Cortés ha aclarado que Almonte posee una estación de transferencia y no de tratamiento y que la adaptación que necesitaría --sistema de control de acceso, báscula y maquinaria interior-- supondría una inversión "absolutamente desorbitada sólo para que estas empresas, que trasladan unas toneladas mínimas, no lleven los residuos hasta Villarrasa".
Una circunstancia que, según añade, no sólo se produce en Almonte, ya que existen otras plantas de transferencias similares en La Redondela y en Huelva capital.
Por ello, la diputada de Medio Ambiente considera "demagógico y sin argumentos" que el Partido Popular se haga portavoz de esta petición, que supondría incurrir en dos errores: "por un lado incumplir una ordenanza cuyos resultados forman parte de un Plan de Ajuste aprobado unánimemente por todos los grupos políticos", y por otro, ha asegurado que pretender modificarla crearía "un agravio y un perjuicio, ya que cada uno de los municipios afectados podría pedir modificarla según su propio interés".
