HUELVA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Cartaya (Huelva) Juan Antonio Millán, que ha declarado este viernes en calidad de acusado por un delito de prevaricación y por otro continuado contra la ordenación del territorio en relación al caso Hiconsa, se ha desvinculado de la concesión de la licencia a la empresa para realizar unas viviendas en la localidad, asegurando que no estuvo presente en ninguna de las juntas de gobierno ni en las comisiones informativas previas, aunque ha reconocido que, en el pleno, votó a favor de la firma del convenio urbanístico con Hiconsa.
El administrador de la misma también está acusado, al igual que el arquitecto que realizó la valoración del terreno y como el que fuera teniente de alcalde, Miguel Novoa, y la mujer de éste, que no ha comparecido en el juicio.
El caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, que están personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población. Como acusación particular se personó el propio Ayuntamiento, gobernado ahora por el independiente Juan Polo.
Los denunciantes expusieron que dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y, al ser cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura, aseguran que el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido más de tres millones de euros en esa operación urbanística.
"ACUSACIÓN POLÍTICA"
Al respecto, a preguntas del Ministerio Fiscal, el que fuera teniente de alcalde en aquellas fechas, Miguel Novoa, ha remarcado que se trata de "una acusación política, ya que nadie presentó recurso alguno a la adjudicación", a lo que ha añadido que hubo una tasación de los terrenos y que no obtuvo "ningún beneficio económico" al encargar esta valoración al citado arquitecto y la realización de las obras a Hiconsa, la misma empresa que le estaba construyendo su casa. Respecto a la concesión de la licencia, ha asegurado que "no había informes desfavorables".
Por su parte, el arquitecto, al que se le encargó la valoración de los terrenos, según los denunciantes "muy por debajo" de su precio real haciendo perder al Ayuntamiento unos tres millones de euros, ha insistido que no realizó esa tasación, y ha explicado que él estaba trabajando en esos momentos para Hiconsa y el secretario del Ayuntamiento lo llamó para que le facilitará una valoración de los terrenos: "Le di dos o tres folios, siempre pensando que serían analizadas por los servicios técnicos del ayuntamiento", ha precisado.
Además, señala que la tasación encargada por los denunciantes a otro arquitecto "carece de fundamentación técnica" ya que "eleva el precio de venta por metro cuadrado de la vivienda e infravalora el precio por metro cuadrado de construcción", a lo que ha añadido que por esa valoración "el precio de las casas estaría totalmente fuera del mercado", así como que no obtuvo "ningún beneficio económico por estos trabajos".
Por último, el que por entonces era administrador de Hiconsa, J.M., ha destacado que en 30 años dedicados a la construcción "nunca" ha tenido ningún problema de esta consideración, años en los que ha realizado "obras muy grandes".
Del mismo modo, ha negado conversaciones con el Ayuntamiento para llevar a cabo este convenio urbanístico, a la par que ha asegurado que pagó en 2005 "la cantidad de 900.000 euros al Ayuntamiento" por los aprovechamientos urbanísticos de la zona "de los que a día de hoy no se les ha hecho entrega ni se les ha devuelto el dinero", lo que ha sido, según ha afirmado, "la ruina de Hiconsa".
RECHAZA CUESTIONES PREVIAS
Por su parte, el juez ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por los letrados de la defensa quienes pedían, entre otros asuntos, que se apartara del caso a las acusaciones particular, ejercida por el Ayuntamiento de Cartaya, y la popular, integrada por personas que fueron concejales de la oposición cuando ocurrieron los hechos, por "interés legítimo".
A su vez, ha rechazado la petición de nulidad del auto de transformación a procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral, así como la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados, asumiendo las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Huelva en ese sentido.
FISCALÍA PIDE LA ABSOLUCIÓN
Cabe recordar que la Fiscalía ha pedido la absolución al considerar que no existen indicios de delito, mientras que la acusación, ejercida por el Ayuntamiento de Cartaya, solicitó para el exalcalde de la localidad y su teniente de alcalde tres años de prisión para cada uno y 17 años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito de prevaricación y por otro continuado contra la ordenación del territorio.
Además, pidió para el arquitecto el pago de una multa de casi 5.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, un año y medio de prisión y una multa de 465.000 por euros por un delito de tráfico de influencias.
Para el administrador de Hiconsa, la acusación pide un año y medio de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por un delito de tráfico de influencias, así como la pena de dos años de prisión más la pena de ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por el delito de contra la ordenación del territorio.
A su vez, para la esposa de Novoa solicitó dos años de prisión más ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la Fiscalía formuló conclusiones absolutorias para todos ellos.
