HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), argumentó hoy su negativa a opinar sobre el documento para la reforma del Estatuto aprobado ayer por el Parlamento andaluz, a cuya votación asistió como parlamentario del PP, asegurando que "desconoce la repercusión que tendrá el texto en los ayuntamientos".
En rueda de prensa para presentar el Foro de Empleo 'Huelva Emplea', Rodríguez aseguró que, "de momento, no tengo una opinión sobre el Estatuto, aunque, cuando conozca a fondo su repercusión sobre los ayuntamientos, opinaré".
El alcalde, sin embargo, firmó la pasada semana, junto al resto de los alcaldes del PP de las capitales andaluzas, un manifiesto conjunto en el que mostraron su posición crítica respecto al último trámite parlamentario de la Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En el manifiesto, al que tuvo acceso Europa Press, los regidores del PP lamentaban que la propuesta que recoge el texto de la reforma se limite "a una relación de competencias que prácticamente se corresponden con la relación del Texto Refundido del Régimen Local de veinte años atrás, sin que se haya producido ningún avance a reseñar más que su reproducción".
Para los alcaldes del PP, el "esfuerzo político" que supone la Reforma del Estatuto "no puede quedar en materia local limitado a una mera reproducción de la relación de competencias reconocidas por el Estado veinte años atrás".
Por este motivo, reclamaban que el ámbito competencial "sea justo con la realidad de los pueblos y las ciudades, que el Estatuto reconozca la deuda histórica acumulada a lo largo de años a causa de la prestación de servicios en sustitución del otros poderes, que las atribuciones municipales sean normalmente plenas y completas y que no puedan ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que en el ámbito de la Ley, tal y como establece la Carta Europea".
Además, también pedían que en el Estatuto la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales debe quedar garantizada, que Ayuntamientos y Diputaciones cuenten con recursos financieros proporcionales a las competencias realizadas y, como mínimo, el 25 por ciento de los presupuestos de las Administraciones Públicas que actúan en Andalucía (Estado, Autonomía y poderes locales).