HUELVA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Fernando Carrillo, anunció hoy que la asociación emprenderá acciones administrativas y jurídicas una vez que culmine el procedimiento que se saldará con el cese de cuatro agentes en los puestos de Almonte y Doñana, en Huelva.
En rueda de prensa en Huelva, Carrillo tachó estos ceses de los jefes de las unidades del Seprona en Doñana y del puesto de Almonte, además de dos agentes del Seprona de "caza de brujas" de la Comandancia y del Gobierno, a los que acusó de "no hacer nada para solucionar la situación denunciada por estos agentes, a pesar de que tenían constancia por escrito de lo que ocurría".
El presidente de la AUGC lamentó que la Administración "haya optado por solucionar la situación de esta forma, dándole la razón a los autores de las amenazas, presiones y agresiones denunciadas por los guardias civiles y que les llevó a pedir la baja por depresión por la impasibilidad de sus mandos ante los hechos que se vienen denunciando desde finales de 2003".
Según apuntó, los jefes de las unidades de Doñana y de Almonte "comunicaron las presiones que sufrían por escrito al Jefe de la Comandancia y al capitán de la Compañía de La Palma sin obtener respuesta después de siete meses y a pesar de que se había detenido a una persona como presunto culpable de los acosos a los civiles y que, incluso delante de la Policía Judicial amenazó a los agentes".
Carrillo añadió que esta detención provocó que "las presiones sufridas se extendiesen a amenazas e insultos a los familiares de los guardias civiles, que incluso llegaron a solicitar a sus mandos algo tan insólito como patrullar con pasamontañas para no ser identificados".
El presidente de la AUGC corroboró que "los mandos tenían constancia de lo que sucedía por las denuncias vertidas, que tuvieron como consecuencia una reunión el pasado 27 de noviembre en la Comandancia de Huelva con los jefes de las unidades de Doñana y Almonte" y añadió que, "como esta reunión no obtuvo respuesta por parte de los mandos, ocasionó las primeras bajas psicológicas por ansiedad y estrés, que llegaron a pedir hasta 27 agentes de las dos unidades, de los que aún permanecen de baja siete".
De la misma forma, se refirió a una inspección rutinaria que la Secretaría de Estado ha realizado en la provincia y que "no ha entrado en el fondo del asunto", por lo que criticó que la "única respuesta de los mandos, después de dos años desde las denuncias vertidas por los agentes, haya sido la apertura de expediente a dos guardias civiles por unos hechos ocurridos el año pasado y el cese en destino de los dos jefes de las unidades".
En este sentido, advirtió de que el jefe de la Unidad de Doñana, que ha recurrido el cese, "no se sentará en el Patronato de Doñana, a pesar de las importantes gestiones que había llevado a cabo durante años de servicio y que habían reducido al mínimo el furtivismo y los delitos ecológicos en el entorno de Doñana".
Igualmente, rechazó el argumento utilizado por los mandos de "pérdida de confianza" en estos jefes de unidad porque el de Almonte "había recibido tres felicitaciones públicas en este año por sus servicios extraordinarios realizados".
Carrillo advirtió de que la asociación acudirá a la vía administrativa y jurídica "con las pruebas documentales que tenemos" contra estos ceses porque "no podemos permitir que ocurra esto porque se está cuestionando la autoridad y el trabajo de los agentes, se está atacando al estado de derecho y, al no proteger a los guardias civiles amenazados, se está desprotegiendo a la población".
