HUELVA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular de los vecinos gitanos del barrio Las Eritas en Cortegana (Huelva) plantearán en sus calificaciones el caso judicial donde se analizan los ataques a la comunidad gitana, un caso que se encuentra en el juzgado número dos de Aracena, como "delito de racismo".
En declaraciones a Europa Press, el letrado Diego Luis Fernández, encargado de defender a la comunidad gitana de Las Eritas, aseguró que incluirán el delito por racismo en sus calificaciones y aseguran que lucharán "hasta el final" por conseguir algo que puede llegar a ser "histórico" en España.
En este sentido, el letrado insistió en que no se va a plantear sólo como un delito de daños o delito de incendios, "sino que la calificación jurídica que voy a hacer es como un delito de racismo".
Por ello, Fernández especificó que "eso va a tener connotaciones, porque quizás sea el gran procedimiento de racismo inicial que se va a tramitar en España, pues hasta ahora no se ha utilizado mucho el artículo 510 y 511 del Código Penal".
Además, señaló que "quizás sea la primera vez en España, y se va a hacer en Huelva", matizando que "en el caso de que el juzgado no admita el delito de racismo y se vaya a delito de daños, se efectuarían apelaciones hasta donde hubiera que llegar".
ANALISIS DEL MATERIAL AUDIOVISUAL
Del mismo modo, el Juzgado número dos de Aracena analizará esta semana los vídeos que los diferentes medios de comunicación grabaron en los supuestos ataques racistas a la comunidad gitana del barrio de Las Eritas de Cortegana, en la noche del 16 de enero de 2005, en el transcurso de una manifestación pacífica celebrada en la localidad en repulsa al asesinato de un vecino.
Según explicaron a Europa Press fuentes de la acusación particular, esta sesión, en la que habrá nuevas comparecencias de implicados, podrá ser la última "antes de que el juez dicte el auto de procedimiento abreviado", que hará que el caso pase a manos de la Audiencia Provincial de Huelva y descarte que se trata de juicio de faltas.
Asimismo, estas mismas fuentes concretaron que los vídeos grabados por los medios de comunicación el día en el que se produjeron los ataques, "son, en algunos casos, esclarecedores" y, por tanto, pueden ser determinantes a la hora de abordar el proceso judicial.
Al mismo tiempo, estas fuentes indicaron que próximamente se va a personar como acusación particular la European Roma Rights Center, una asociación internacional que vela por los derechos del pueblo gitano.
Por el momento, ya han pasado a declarar ante el Juzgado número dos de Aracena, quien lleva el caso de los ataques a los gitanos, los presuntos implicados en los actos, entre ellos el propio alcalde de la localidad, Antonio Marín (IU), como convocante de la manifestación que derivó en los ataques; así como la Guardia Civil, afectados y testigos presenciales.
Ahora, el juzgado trabaja sobre las diligencias previas y próximamente, según confió la acusación particular, se establecerá "un procedimiento abreviado", pasando el caso a la capital onubense, "bien al juzgado de lo penal o bien a la Audiencia Provincial de Huelva".