HUELVA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo provincial de IU en Huelva mostró hoy su rechazo ante la imputación inicial a 16 personas, entre ellas el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), por los sucesos derivados de la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad y exigió al subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, y a la Guardia Civil que "comparezcan para dar explicaciones sobre la actuación los agentes".
En rueda de prensa, el coordinador de IU en Huelva, Pedro Jiménez, consideró "claramente injusta" esta imputación, ante la que mostró el apoyo unánime y solidaridad del partido tanto para el alcalde como para el resto de concejales en el municipio, "que con mucha dignidad han representado al pueblo", y añadió que "los cinco concejales del PSOE fueron quienes no respetaron el recorrido aprobado previamente en el pleno".
En este sentido, Jiménez aseguró que al partido le sorprende que "estos concejales no hayan prestado declaración habiendo concluido el recorrido de la manifestación llegando hasta el lugar de los hechos, por lo que vieron lo que sucedió", al tiempo que opinó que "la propia Guardia Civil, que fue objeto de insultos y descalificaciones, debería dar explicaciones del papel que jugó y de por qué no intervinieron hasta que tuvieron lugar estos sucesos".
Por ello, consideró que "también el subdelegado, que es el máximo responsable de este órgano, debería comparecer" y garantizó "tener constancia de que no hubo intencionalidad alguna por parte del alcalde ni de los concejales de IU, PP y PA en la localidad".
Finalmente, el coordinador provincial de IU aseguró que "el partido agotará las vías legales para resolver esta injusticia, porque queda clarísimo y es evidente que fueron otros quienes hicieron caso omiso al recorrido acordado en el pleno".
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se le imputa inicialmente al alcalde un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado por el artículo 514.1 del Código Penal, que "incluye a los promotores de manifestaciones ilícitas celebradas con el fin de cometer algún delito o que concurran personas con armas y a los que convocan manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas que pretendan subvenir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".
En este sentido, el auto especifica que los indicios de criminalidad "derivan del reconocimiento de su participación parcial en la convocatoria y preparación de la manifestación, así como de la acreditación documental de la falta de adopción de medidas específicas de cualquier tipo para evitar que la manifestación pudiera desarrollarse en un sentido violento".
Al resto de los imputados, se les acusa inicialmente de un presunto delito de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o a la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza.
De las 24 personas a las que se les tomó declaración en el transcurso de las diligencias previas en calidad de imputados, el juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa de un total de ocho, mientras que otras 27 declararon en calidad de testigos en el transcurso de las mismas.
