HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva (UPECO) recurrió ayer el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) con la empresa Atlantic Doñana, en la vía Contencioso Administrativa, al considerar que dicho acuerdo firmado con un promotor privado "no se ajusta a la legalidad por atentar contra los principios de publicidad y libre concurrencia".
Desde Upeco se recurrió la firma del acuerdo para la promoción y construcción de 134 VPO destinadas a jóvenes en el municipio de Almonte debido a que "el hecho mismo de la firma de este convenio sin una publicidad previa y sin un concurso previo de promotores que pudieran acceder a la promoción y construcción de estas viviendas, no se ajusta a los procedimientos legales en los que se debe basar la firma de acuerdos entre las administraciones públicas y las entidades privadas, puesto que debe salir este tipo de acuerdo a concurso público para determinar si algún otro promotor pudiera hacer también estas viviendas con mejoras en el proyecto o con reducciones en su precio máximo de venta", según explicó Upeco en un comunicado.
"El hecho de que un promotor privado reciba de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) una subvención de 3.000 euros para la urbanización sin un concurso previo con publicidad y libre concurrencia" supuso para Upeco una "vulneración de la legalidad por atentar contra el principio de igualdad".
Según apuntó, Upeco tuvo conocimiento del acuerdo que ahora se recurre "por una nota de prensa que se publicó en los medios de comunicación en este mes de julio, por lo que desde esa fecha ha solicitado al Ayuntamiento de Almonte la documentación relativa al expediente por el que se tomó el acuerdo con el promotor privado y hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de documentación por parte del Ayuntamiento", algo que "ha obligado a la asociación a presentar el procedimiento contencioso administrativo".
Los empresarios aseguraron que "la primera duda que se plantea en el recurso presentado es la propia existencia del acuerdo del Ayuntamiento de Almonte en sus válidos términos legales puesto que en la nota se decía que se había firmado un acuerdo pero el Ayuntamiento de Almonte no ha remitido ninguna documentación en la que fehacientemente se pruebe la existencia del acuerdo".
Upeco consideró entonces que "el Ayuntamiento debe rectificar y realizar un concurso público como lo está realizando EPSA en estos momentos que ha sacado dos parcelas de viviendas con destino a VPO mediante concurso público y que, mediante ese sistema, han sido adjudicadas a promotores privados" y que "debería seguir el trámite de acuerdo con las organizaciones empresariales como se recoge en el Pacto Provincial por la Vivienda que suscribió Almonte en presencia de la representación de la Federación Onubense de Empresarios (FOE)".
Además, no consideró "oportuno que tras la firma del Pacto Provincial por la Vivienda haga caso omiso del mismo y llegue a acuerdos particulares sin tener en cuenta a la representación empresarial del sector de la construcción en la provincia de Huelva".