Archivo - Fachada principal del Parlamento Andaluz en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los alcaldes de los municipios afectados por la proposición de ley (PL) para la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte de Huelva --promovida por PP, Ciudadanos y Vox--, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana del Condado, han mostrado este martes sus dudas y críticas respecto a esta PL durante su debate en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, mientras que Lucena del Puerto ha sido el único que se ha mostrado abiertamente a favor de la misma.
De este modo, durante su intervención, la alcaldesa de Almonte (Mesa de Convergencia), Rocío del Mar Castellano, ha manifestado el "malestar" de los agricultores de su municipio que, según ha aseverado, "ven amenazada su continuidad".
Asimismo, ha considerado que el proceso "no ha sido serio, riguroso ni participativo" porque "se está tramitando sin ningún informe", así como ha criticado que el 15 de diciembre de 2021 se celebró el Consejo de Participación de Doñana "donde están representados todos los sectores implicados en este problema" y "no se dijo absolutamente nada" y que "a los pocos días salió la proposición de ley".
Por ello, la alcaldesa ha vuelto a rechazar esta propuesta que, a su juicio, "amenaza y perjudica el trabajo y la producción de los agricultores" y ha acusado a la Junta de Andalucía de "romper el consenso alcanzado en 2014 al no contar con los agentes implicados".
"Se han abierto heridas que ya estaban cicatrizadas. Es una propuesta que divide y no tiene recorrido. Solo están vendiendo humo y engañando a los agricultores de ciertos pueblos", ha dicho la primera edil, antes de añadir que "Almonte es Doñana" y que están "obligados a buscar el equilibrio entre desarrollo y conservación", y que esta ley "lo rompe".
Por su parte, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), ha trasladado el "apoyo" de su ayuntamiento al sector agrícola del Condado "para corregir los errores que se han cometido en la elaboración del Plan de ordenación de regadíos de la Corona Norte", pero "haciéndolo con garantía, seguridad jurídica y a través de procedimientos de participación y consenso" y ha trasladado el "total apoyo" del Consistorio a "la defensa de Doñana como Patrimonio de la Humanidad", que "tiene un valor irrenunciable para la provincia".
García ha manifestado que el "mayor error" ha sido "utilizar políticamente la proposición de ley" y "no solucionar el problema", por lo que ha indicado que su ayuntamiento se opone "radicalmente" a la "legalización de hectáreas que hayan sufrido un atentado contra el medio ambiente" en la provincia y a la "legalización de pozos ilegales", algo que "el texto no recoge", por lo que "merece que quede claro para evitar la desinformación que hay sobre este asunto".
Asimismo, ha subrayado que el Consistorio defiende "que se corrijan los errores cometidos" en la elaboración del Plan de la Corona Norte "para aquellos agricultores que no cometieron ninguna ilegalidad, que recibieron subvenciones y cultivaron según ley" y que "por cambio del cultivo en la ficha histórica de su tierra hoy tienen algún problema económico y judicial".
Por ello, el alcalde de Bonares ha pedido que "para resolver todo esto" se convoque "de forma urgente" el instrumento "adecuado" que es el que "tiene contemplado el plan" y que es "la comisión técnica de seguimiento", al considerar que "solo así se llegaría a un acuerdo de todas las partes que generara confianza y no generara la alarma como está ocurriendo en Europa, en los mercados y la opinión pública".
Asimismo, ha pedido una aclaración sobre las hectáreas a legalizar ya que "la propia PL dice que son 1.600 hectáreas, mientras que el informe remitido por la Consejería al embajador de la Unión Europea dice que son 748 hectáreas".
"AGRICULTORES CANSADOS DE POLITIZACIÓN"
De otro lado, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha destacado que esta situación afecta a "casi 70.000 personas" y, "por tanto, a un número importante de hectáreas y de agricultores" del territorio que "están cansados de tanta politización de un tema tremendamente sensible y espinoso", al tiempo que ha criticado "la falta de transparencia" y de "participación territorial".
Asimismo, ha lamentado "la incertidumbre permanente, el ruido mediático elevado y un perjuicio al sector" que "está cansado", así como ha criticado que "no haya informes técnicos ni jurídicos" que "garantice a las administraciones locales poder poner en marcha dicha aplicación con garantías jurídicas".
Por ello, Cuéllar ha pedido "no criminalizar a los agricultores", así como se ha mostrado de acuerdo con el alcalde Bonares en que "basta con la revisión del Plan, en el que existen herramientas efectivas" para subsanar "los errores".
De otro lado, el alcalde de Rociana del Condado, Diego Pichardo (PSOE), ha destacado que, a su juicio, "la tierra y el agua no tienen colores políticos" por lo que cree que "la mejor manera de ayudar a todos los agricultores es trabajando conjuntamente y sin distinción de colores" y ha abogado por "resolver este problema histórico" y de que "lleguen las infraestructuras hidráulicas para mitigar este problema".
En este punto, ha señalado que el Plan de la Corona Norte "se aprobó en un momento determinado" y que "era un plan complejo que no dio solución a toda la problemática", por lo que ha pedido que se trabaje "con diálogo y consenso" en "aras de evitar" nuevos errores que "dentro de tres años se tengan que solucionar", toda vez que ha aseverado que considera que "se tenía que haber realizado un trabajo técnico previo".
LUCENA DEL PUERTO DICE "SÍ ROTUNDO"
De otro lado, el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora (Independientes), ha dicho "sí rotundo" a esta proposición de ley, a las infraestructuras hidráulicas y "cualquier medida" que "solucione el problema" tras "años peleando contra los engaños del Plan de la Corona Norte" ya que, a su juicio, su municipio "ha sido el más afectado" de la zona por "la mala aplicación" del mismo.
Así, ha explicado que su municipio tiene 2.500 hectáreas productivas y que "ha tenido que aprovechar el monte público con concesiones de canon" que "fueron otorgadas por el Ministerio de Agricultura en 1938", y son "las tierras que está en disputa", al tiempo que ha defendido que para el Ayuntamiento son "perfectamente legales tengan o no agua".
El alcalde de Lucena ha apuntado que con la PL Lucena del Puerto se está "jugando muchas cosas" como el "futuro" del municipio, explicando que actualmente hay 1.500 hectáreas de agricultores municipales que se gestionan "fuera de la localidad", toda vez que ha lamentado que el "dinero, el trabajo y el esfuerzo" de los agricultores municipales que "está fugándose fuera".
"Cuando los hijos de estos agricultores que hoy tienen 50 años se asienten en otros municipios migrarán de Lucena. Esto se nos está quitando con este Plan de la Corona Norte, el derecho a nuestro futuro y creo que tenemos derecho a nuestra defensa", ha concluido.
CRÍTICAS DE LOS AGRICULTORES DE ALMONTE
Por su parte, los agricultores de Almonte representados en la asociación Puerta de Doñana, que participa también en la comisión, han leído un manifiesto fuera del Parlamento en el que han criticado que la proposición "va en contra de la agricultura sostenible y los regadíos", según ha indicado su portavoz, Miguel Ángel Coronel, que ha lamentado "el veto impuesto por el Parlamento" a otras comunidades y organizaciones y ha insistido en reclamar el cumplimiento de la Ley del Trasvase para que llegue agua a Doñana.
"Estas nuevas hectáreas que pretende regularizar no traen dotación de agua y pretenden regarse con el agua del trasvase destinado a los agricultores legales", ha advertido.