HUELVA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La oposición en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) ha vuelto a unirse en bloque para solicitar un pleno extraordinario en el que espera conocer diversa información y documentación, entre ellos, los asientos contables de haber cobrado el Ayuntamiento a la empresa Hiconsa, "1,3 millones provenientes de aprovechamientos lucrativos" de un terreno.
Esta petición surge tras haber presentado hace una semana en el Juzgado de Instrucción de guardia de Ayamonte una denuncia contra el alcalde de la localidad, Juan Antonio Millán, el ex edil de Urbanismo, Miguel Novoa; su esposa; un arquitecto y un representante de la empresa Hiconsa por seis presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho.
En rueda de prensa, el representante de IULV-CA en la localidad, Miguel Ángel Gea, anunció que piden estos asientos contables porque dudan "si el Ayuntamiento ha cobrado siquiera la cantidad que tenía que cobrar, que debía estar depositada en una cuenta en agosto de 2005".
Además, en este pleno, que fue solicitado el martes pasado, desean conocer los expedientes de contratación "de siete personas que ejercen la labor como vigilantes municipales y que no se sabe cómo han entrado a trabajar en el Ayuntamiento y qué requisitos se les ha exigido".
Otro expediente de contratación que la oposición ha solicitado es "el de una persona de fuera de Cartaya que hace la labor que ya tiene la interventora municipal", así como quiere conocer "el nombre de la empresa concesionaria del Centro de Transporte de Mercancías de Cartaya, situación de pagos del canon anual, subcontratas y fecha de la licencia de apertura".
Por otro lado, pide que el Ayuntamiento entregue "las certificaciones de obras, pagos y movimientos bancarios de la construcción del nuevo mercado de abastos", así como el expediente del Centro Cultural de la Villa "para conocer si cumple o no con la normativa sobre seguridad en edificios públicos".
Esta petición nace, según indicaron estos ediles, del "oscurantismo y falta de trasparencia" del equipo de Gobierno municipal y se hace en bloque "porque compartimos la misma problemática y porque se necesita el 25 por ciento de los concejales para poder pedirlo y ningún grupo por separado lo tiene".
DENUNCIA INICIAL
Estos concejales de IU, PA, PP y el no adscrito en esta corporación han denunciado a estas personas por entender que podrían haber cometido "varios delitos en el desarrollo urbanístico de unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, cuya extensión es de 21.000 metros cuadrados".
Según la valoración realizada en 2005 por el arquitecto que ahora ha sido denunciado, Hiconsa debía pagar al Ayuntamiento --el diez por ciento de la cesión obligatoria de los aprovechamientos lucrativos-- "un total de 1,3 millones de euros". Sin embargo, la oposición pidió este año una valoración alternativa, "visada por el Colegio de Arquitectos", que determina que debía haberse ingresado "4,5 millones, es decir 3,1 millones más".
Según explicaron, el interés público "podía haber sido perjudicado por una serie de personas que dejaron de ingresar al Ayuntamiento 3,1 millones --cantidad similar a lo que recibe Cartaya de los fondos estatales-- por la relación de estas personas con otras, de las denunciadas".
