HUELVA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, aseguró hoy que la dirección de Astilleros "está a punto de firmar su sentencia de muerte" en términos de empleo, ya que con el rechazo de la hoja de ruta planteada por el Gobierno andaluz "se perderán 800 puestos de trabajo, así como la actividad que generan las empresas auxiliares".
En rueda de prensa, Jiménez instó al PP y al alcalde de la capital, Pedro Rodríguez, a que "pidan responsabilidades a los gestores de la empresa" y advirtió de que, en caso contrario, "el PP se convertirá en cómplice del cierre de Astilleros".
Asimismo, calificó de "indecente" la actuación de la directiva, debido a que "su irresponsabilidad se verá materializada en destrucción de puestos de trabajo", puesto que si la empresa se acogiera "al plan de viabilidad, respaldado por los sindicatos, aseguraría el empleo de 800 trabajadores y de una veintena de empresas auxiliares".
De este modo, el dirigente socialista reiteró que el PP "ha perdido la cabeza y la vergüenza" debido a que "está envalentonando a una empresa para que firme su sentencia de muerte", mientras que, por el contrario, "desde el PSOE y la Administración regional sólo están intentando buscar una solución".
En este sentido, Jiménez señaló que "la Junta de Andalucía, de la mano de los sindicatos, busca alternativas para Astilleros, mientras que por detrás tiene un coro, formado por el PP y los empresarios, que van a meter en un lío a los trabajadores y a ellos mismos, ya que se le pedirán responsabilidades mercantiles y legales".
PP: "CIERRE DURANTE 10 AÑOS"
Por su parte, el diputado provincial del PP y coordinador del 'Foro Soluciones para la Crisis', Francisco Riquel, señaló que las ayudas por cierre que persigue la Junta de Andalucía con la firma de hoja de ruta obligan a la factoría de Huelva a "cerrar obligatoriamente durante diez años".
En un comunicado, Riquel indicó que el marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval de la Unión Europea recoge en su apartado de ayudas al cierre que "para garantizar el carácter irreversible de los cierres subvencionados, el Estado miembro interesado velará porque las instalaciones de construcción naval permanezcan cerradas durante un período no inferior a diez años".
En este sentido, el diputado provincial exigió a la Junta de Andalucía "a que aclare este extremo porque no se puede engañar a estos trabajadores y mandarlos al paro".