Administradores de fincas exigen al Gobierno acelerar la modificación legislativa para limitar las viviendas turísticas

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Europa Press/Archivo
Actualizado: martes, 25 septiembre 2018 13:36

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha valorado el anuncio de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, de que las comunidades de propietarios puedan regular las viviendas turísticas y ha apremiado al Gobierno central para que dé los pasos necesarios para llevar a cabo la modificación legislativa "lo antes posible".

El presidente de los administradores de Málaga y Melilla, Fernando Pastor, ha manifestado que se trata de una reivindicación de la profesión desde hace años, admitiendo que en algunas comunidades de propietarios la convivencia "se ha hecho casi imposible debido a que los usuarios de las viviendas turísticas causan muchas molestias a los residentes habituales".

Pastor ha solicitado que "el sistema de mayoría para vetar las viviendas turísticas sea realista y no exija unanimidad", puesto que, en ese caso, tal y como se ha comprobado en algunas comunidades autónomas, la situación seguirá siendo en la práctica como hasta ahora.

Pese al anuncio de Oliver, el presidente de los administradores se ha mostrado cauto: "La situación política ya bloqueó la tramitación de nueva Ley de Propiedad Horizontal antes de verano, y estas reformas conllevan unos plazos que no sabemos si técnicamente se podrán cumplir".

Tras mostrar, no obstante, su satisfacción por el paso dado por el Ejecutivo, ha recordado que aunque las viviendas turísticas sean una propiedad privada, "el trayecto físico para llegar a las viviendas pasa, en la mayoría de los casos, por zonas comunes de la comunidad de propietarios, por lo que es normal que la propia comunidad pueda tener voz y voto sobre el uso que se le dé al inmueble".

Además, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se viene reclamando desde el año pasado acuerdos más puntuales con ayuntamientos con el objeto de establecer un protocolo que permita a la Policía Local actuar con prontitud en caso de molestias para el resto de vecinos, incluyendo el desalojo de los inquilinos si estos siguen ocasionando problemas a la comunidad de propietarios.