MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Varios arquitectos que intervinieron en proyectos urbanísticos investigados en el caso 'Troya', sobre la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), han declarado que no les consta ni tuvieron conocimiento de que el Ayuntamiento de dicha localidad solicitara dinero vinculado a la concesión de licencias de obra.
Varios de los testigos, que han declarado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia de Málaga, han coincidido en que los proyectos se ubicaban en suelo urbano consolidado, en uno de los casos "en la práctica totalidad", y en que la normativa de aplicación directa era la ordenanza de manzana cerrada, que la cumplían.
Así, uno de los arquitectos, que fue presidente del Colegio Oficial de Jaén, ha señalado que la legislación de aplicación en general en el municipio era el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, aunque luego se tuvo conocimiento de que no estaba vigente, porque no estaba totalmente publicado.
Este testigo ha manifestado que el Colegio de Arquitectos "si el documento que se presenta no está acorde con la legalidad vigente no le da traslado" ni lo visa, al tiempo que ha defendido las normas subsidiarias complementarias provinciales de 1975 y la adecuación de proyectos a esta legislación urbanística.
También ha declarado uno de los socios de un estudio de arquitectura, quien ha incidido en que no han tenido "nunca" constancia de que "se haya pedido nada por parte del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para nada y menos para hacer obras". Ha cuestionado la credibilidad del empresario que denunció los hechos y que dio origen a esta causa.
Así, ha negado que esta persona le haya dicho que en el Ayuntamiento se pedía comisión por resoluciones urbanísticas y ha aludido a un "afán de perjudicar" tanto al alcalde, Juan Martín Serón, como al concejal Gregorio Guerra, ambos acusados en esta causa, "no sé por qué motivos, me imagino que personales".