MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Málaga y sus entes dependientes (organismos, empresas y fundaciones) tienen previsto impulsar este año unos 827 contratos mayores con un volumen económico que supera los 276 millones de euros (IVA excluido).
Estos datos se desprenden del Plan Anual de Contratación municipal para 2023, aprobado recientemente por resolución de la concejala delegada del Área de Contratación y Compras, Elisa Pérez de Siles.
Este plan, con el que se da cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público (LCSP), puede consultarse tanto en la Plataforma de Contratación del Sector Público como en la página web municipal, en la sección de transparencia, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.
El documento, elaborado por el Área de Contratación y Compras, recoge todos los contratos que está previsto impulsar (con independencia de que se correspondan con un ejercicio presupuestario o tengan carácter plurianual), a excepción de los contratos menores (aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros en el caso de obras y a 15.000 euros en el caso de suministro o de servicios) ya que los datos referidos a estos últimos se publican trimestralmente y de acuerdo a lo establecido por la LCSP, así como de los contratos basados, cuya planificación ya existe al pertenecer a acuerdos marcos.
Según lo recogido en este plan, más del 75% del volumen económico que se destinará a contratos este año (208,4 millones de euros) será impulsado por los entes, empresas y fundaciones municipales; destacan Limasam (95 contratos previstos por importe de 14,8 millones), Emasa (83 contratos previstos por importe de 43 millones de euros), Gerencia Municipal de Urbanismo (78 contratos valorados en 50,3 millones de euros) y el Instituto Municipal de la Vivienda (57 contratos por importe de 12,3 millones de euros).
En lo que respecta al 25% restante (67,5 millones de euros) será el Ayuntamiento el que impulse la contratación a través de sus áreas. Destacan, en este caso, el área de Movilidad (contratos por valor de 15,8 millones de euros), Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas (15,1 millones de euros), Extinción de incendios (8 millones de euros), Coordinación de distritos (4,7 millones de euros) y Sostenibilidad Medioambiental (2,5 millones de euros).
El volumen económico de los contratos que prevé adjudicar este año el Consistorio es inferior al del año pasado, ya que en dicho ejercicio se adjudicaron contratos de carácter plurianual como es el caso del servicio de ayuda a domicilio por más de 127 millones de euros para tres anualidades.
Asimismo, al igual que ocurre con todas las herramientas de planificación, el Plan de Contratación se adapta a las necesidades reales existentes que van detectándose; "de ahí que, por ejemplo, a los 291 contratos incluidos en el de 2022 haya habido que sumar otros 58 contratos no previstos inicialmente y que han sido tramitados por el Área de Contratación o los órganos de contratación delegados (37) como es el caso de los contratos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos Next Generation y que han ido realizándose a medida que el Ayuntamiento se ha ido presentando a las sucesivas convocatorias realizadas por el Gobierno".
En 2022 se ha mantenido el nivel de adjudicaciones respecto al año anterior, en un 60%, si bien se trata de datos provisionales calculados a 30 de noviembre y que se verán incrementados cuando se contabilice la totalidad del año, lo que se trasladará en el mes de febrero al Tribunal de Cuentas.
"HERRAMIENTA ÚTIL Y GESTIÓN TRANSPARENTE"
El Plan Anual de Contratación "es una herramienta útil, especialmente para empresas, pymes y autónomos, ya que permite que se conozcan de forma anticipada la programación y necesidades contractuales del Consistorio, y se puedan preparar ofertas con mayor precisión, lo cual tiene un impacto directo sobre la economía de la ciudad".
Además, han precisado, "es un ejemplo del impulso de la transparencia municipal, ya que el de Málaga es prácticamente el único ayuntamiento de nuestro país que publica tanto el plan como su correspondiente informe de seguimiento".
En este punto, han recordado, además, que las licitaciones y adjudicaciones municipales se publican en el perfil del contratante y el portal de transparencia de la web municipal respectivamente, completando así las obligaciones legales con las que cumple el Ayuntamiento.
Por otro lado, han señalado que el Consistorio continúa implementando medidas para mejorar la agilidad en la tramitación de los expedientes de contratación y la garantía de los principios de publicidad y concurrencia en los mismos.
Así, han recordado que a lo largo de este mandato se han materializado acciones tales como delegación de competencias en materia de contratación a las áreas y distritos para la utilización de procedimientos supersimplificados a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, medida acompañada de la correspondiente acción formativa, de manera que se posibilita "a las áreas del Ayuntamiento responder de forma ágil a las necesidades detectadas a través de un procedimiento que garantiza la publicidad y la concurrencia de los operadores económicos a través de la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, evitando con ello el recurso al contrato menor".
Al respecto, han destacado "el hecho de que durante 2022, los órganos delegados para la tramitación de contratos hayan tramitado un total de 69, lo que supone el 20% respecto al número total de contratos contabilizados en dicho ejercicio y evidencia que se va consolidando esta posibilidad respecto al año 2021, cuando entró en vigor y tuvo un escaso uso".
También, han agregado, se han implementado acciones formativas en materia tecnológica y jurídica y homogeneización de los procedimientos e incidentes de la ejecución de contratos mediante Instrucciones de la Dirección General.
También aprobación de modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos, que contienen tanto las particularidades exigidas por los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, como nuevas medidas antifraude en las licitaciones públicas, incremento de la frecuencia de las reuniones de la Mesa de Contratación Permanente, así como del personal de apoyo a las funciones de dicho órgano, conllevando con ello la reducción de plazos en la fase de licitación de los expedientes de contratación, entre otros.