Ayuntamiento marbellí defiende que la edil del PP "no tenía obligación de abstenerse" al adjudicar los locales

Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 31 agosto 2010 19:07

Dice que, según la Junta Consultiva de Contratación, la incompatibilidad alcanza "al cónyuge y a los descendientes"

MARBELLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) defendió la "legalidad" del proceso de adjudicación de los locales del puerto deportivo al hermano de la concejala de Puertos, Alicia Jiménez, ya que, según el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero, la edil "no tenía obligación de abstenerse" de participar en dicho procedimiento En este sentido, precisó que, según informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la incompatibilidad alcanza "al cónyuge y a los descendientes".

Estas declaraciones se producen después de que el PSOE anunciase ayer que llevará el caso a la Fiscalía Anticorrupción ante "la posible existencia de un delito de prevaricación" y que presentará un recurso de reposición con el objetivo de anular el proceso de adjudicación, al haber trascendido que el empresario hostelero Joaquín Sáez Hidalgo se asoció con el hermano de la edil, Francisco Jiménez Gómez, en la sociedad Sersagim S.L., adjudicataria de los locales, después de haber licitado en solitario, como persona física, y ser rechazado por la mesa de contratación en junio de 2009.

Así, Romero explicó que el expediente de contratación --asunto del que se dio cuenta hoy en la junta de gobierno local, a pesar de no estar incluido en el orden del día-- cuenta con informes jurídicos y de intervención --de fecha 26 de febrero de 2010-- que avalan la "corrección".

"El Ayuntamiento, con independencia de que hubiera habido conocimiento o no por parte de la concejala, hizo un estudio serio del procedimiento, llegando a la conclusión jurídica de que no existe ningún tipo de incompatibilidad", subrayó Romero, quien se refirió a una consulta realizada a la Junta Consultiva de Contratación por el Ayuntamiento de Córdoba --cuando lo presidía la actual consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar--, en la que declaraba que la incompatibilidad "alcanza sólo a los cónyugues y descendientes, nunca a otros familiares".

En 2009, con fecha 17 de febrero, un aparejador municipal realizó una tasación de los tres locales estableciendo un canon de 193.207 euros. Tras el inicio del expediente de contratación, proceso que, según Romero, contó con la publicación en los boletines oficiales, el primer concurso público quedó desierto.

Posteriormente, afirmó que, tal y como "consta en el expediente", el Consistorio invitó hasta nueve empresas que, mediante registro de entrada, "habían mostrado su interés" en realizar una oferta, pero que finalmente "no se presentaron". Así, la adjudicación se realizó, en un segundo concurso, a la oferta económica "más beneficiosa" para el Ayuntamiento.

En esta línea, destacó que la base fijada por el técnico municipal para el establecimiento del canon se estableció en 193.207 euros, "que finalmente se ha visto elevado a los 240.000 euros ofertados por la empresa adjudicataria" y que, sumado a otras obligaciones que deberá abonar al Ayuntamiento --como derechos de terraza y de comunidad-- supondrán unos ingresos de 700.000 euros en total para las arcas municipales.

Así, afirmó que el PSOE se "sirve del engaño para obtener rédito político" y criticó que acuda "constantemente" a la judicialización de la vida pública, "al igual que hacía años atrás la cara más visible del PSOE de Marbella, Isabel García Marcos". En este sentido, recordó que los socialistas han planteado hasta la fecha nueve procedimientos "sin que ninguno de ellos hayan tenido una resolución favorable".

Por último, preguntado por si es "ético" el hecho de que la edil no se abstuviera de participar en el proceso, insistió en que es "ético y legal" porque, a su juicio, "no se puede impedir a una persona que se presente a un concurso porque tenga la mas mínima cercanía con alguien del PP". "No tiene sentido que el Ayuntamiento se quede con menor rédito económico por el mero hecho de que uno de los adjudicatarios tiene entre sus socios, desde hace 20 años, a un señor que es del Partido Popular y es hermano de una concejala", concluyó.

PSOE

Por su parte, el concejal socialista Diego Lara lamentó que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, "sigue sin poder explicar este escándalo", al tiempo que criticó que el portavoz municipal "no haya podido dar una respuesta creíble sobre estas irregularidades".

"El PP insulta la inteligencia de los ciudadanos de Marbella, de los comerciantes de la hostelería en general y a los del puerto deportivo, que son los que tienen que pagar además el canon de las terrazas y la comunidad, que, efectivamente, es una de las más caras de todo el litoral", señaló el concejal, y añadió que estos fondos "se los embolsa el Ayuntamiento, pero no los reinvierte posteriormente en el puerto".

Lara aclaró, además, que el canon de terraza "no es obligatorio" porque "se puede optar por instalarla o no", por lo que exigió a la portavoz del PP, Carmen Díaz, que aclare "de dónde ha salido ahora esa cantidad".

Además, pidió al equipo de gobierno que explique con cuántos empresarios de Marbella se ha puesto en contacto, "además de con el hermano de la concejala", para que participen en un negocio "tan rentable". De hecho, consideró "llamativo" que "no se invite a muchos empresarios que llevan años trabajando en el sector a participar en el concurso y, sin embargo, sí concurra el hermano de Alicia Jiménez que "creó una sociedad días antes de la adjudicación definitiva".

Del mismo modo, instó al equipo de gobierno del PP a explicar "por qué no se tuvo en cuenta a uno de los socios del hermano de la edil cuando concurrió en solitario, y sí se le adjudicó cuando se creó la sociedad", al tiempo que pidió explicaciones sobre "por qué se presentó un miembro destacado de la dirección local del PP y su mujer en dos sociedades para después rechazarlos".

Por último, consideró como "rotundamente falso" que existan informes en la adjudicación definitiva de la junta de gobierno local de 29 de junio porque "así consta expresamente en el acta", por lo que instó al equipo de gobierno a "dejar de mentir y de intentar confundir a los ciudadanos con el único objetivo de ocultar que una vez más se ha tratado de favorecer a un miembro del Gobierno municipal".

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