MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Málaga ha presentado este miércoles, tal y como anunció en el pleno de este martes su portavoz en la institución, Gonzalo Sichar, la documentación relativa a los contratos realizados por el Área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, que dirige Marina Bravo, con la empresa del hermano de su pareja y en la que también trabaja él.
El pasado lunes se conoció el informe de la Secretaría General en el que pese a que no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses sí sostiene que el Área debería haber pedido más ofertas a otras empresas e insta a abrir un procedimiento contradictorio para dar audiencia a Bravo y que sean los servicios jurídicos de la institución los que se pronuncien.
Sichar consideró necesario llevar este asunto a la Fiscalía, algo apoyado también por PSOE, Málaga Ahora e IU Para la Gente. También indicó el portavoz de la formación naranja que acudirían a la Cámara de Cuentas. "No sólo no hay duda de la falta de ética sino que empiezan a aparecer serias dudas sobre la legalidad" de las contrataciones, sostuvo, añadiendo que el procedimiento contradictorio solicitado por la secretaria general de la Diputación al equipo de gobierno, y que ya se ha puesto en marcha, "es muy insuficiente y quien se debe pronunciar es la Fiscalía".
Este miércoles, fuentes de la formación han confirmado a Europa Press que han acudido a la Fiscalía de Málaga, cumpliendo así con lo anunciado. "Queremos que los organismos encargados de establecer la existencia o no de irregularidades sean quienes lo determinen porque nosotros no somos los que debemos juzgar a nadie", han señalado.
Han aclarado que la formación naranja "no busca un titular" sino "velar por la buena gestión de las administraciones" en las que están presentes, de manera que si, "como ocurre en el caso Marina Bravo se acumulan los indicios de irregularidades, que la justicia actúe en consecuencia".
Ya en el pleno Sichar aseguró que Ciudadanos no era quien para juzgar si hay o no delito en este caso, de ahí que se acuda al Ministerio Público.
Durante la sesión, la propia diputada Marina Bravo defendió su gestión y aseguró que demostraría que no ha elegido "a ninguna empresa" ni ha "hecho encargos en once años en la vida pública".
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, advirtió a los grupos políticos de la institución que tenían libertad para acudir donde considerasen pero incidió en que el expediente no está concluido aún, algo que podría estar en unos 15 o 20 días, una vez que se le dé audiencia a Bravo para que aporte documentación y explicaciones al respecto de este caso y los servicios jurídicos se pronuncien.
