MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz organizará para el miércoles 11 de mayo en Málaga unas jornadas en las que se debatirá sobre el derecho de las personas a no verse privadas del suministro de agua por razones económicas.
Las jornadas 'El agua: garantías y derechos' pretenden debatir con los expertos, empresas suministradoras, administraciones públicas y asociaciones de consumidores y del tercer sector de acción social las diferentes propuestas que sobre este derecho plantea en su Informe Especial 'Servicios de suministro de agua. Garantía y derechos'.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido, según han informado desde esta institución a través de un comunicado, "una Ley andaluza que garantice el derecho a no verse privado del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando la situación económica así lo requiera".
La regulación de este derecho "debe incluir una prohibición expresa de cortar el suministro de agua a aquellas personas que acrediten encontrarse en situación de pobreza hídrica por no poder hacer frente al pago del suministro", han manifestado.
Asimismo, debe reconocer el derecho de las personas que acrediten encontrarse en situación de pobreza hídrica a recibir un suministro mínimo vital de tres metros cúbicos por persona y mes de forma gratuita.
Además, han precisado, "solicitamos que se incluyan en las ordenanzas reguladoras de las tarifas del servicio de agua, ayudas para personas en situación de precariedad económica que carezcan de medios para afrontar el pago de la parte de la factura de agua que no resulte cubierta por el suministro garantizado como mínimo vital o no reúnan los requisitos para ser beneficiarias de dicho mínimo vital, a fin de evitar que caigan en una situación de impago que pueda derivar en un corte de suministro".
Dichas ayudas, incluidas en un fondo social, deberían ser sufragadas por las empresas suministradoras, incorporándolas como un concepto más de coste a sus presupuestos de gastos y deberían ser gestionadas por los servicios sociales, a quienes correspondería determinar qué familias reúnen los requisitos para ser beneficiarias y cuál es el importe de ayuda que les corresponde percibir. La concesión de estas ayudas debe ser revisada periódicamente.
También se ha pedido que las tarifas de agua se fijen de acuerdo al número de personas que habitan en la vivienda. El sistema de estructuras tarifarias que contempla el número de personas que habitan en la vivienda "es el sistema más justo y más acorde con el principio de que quien contamina paga, que se recoge en la Directiva Marco del Agua y con los objetivos de fomento del consumo responsable y eficiente que contempla la legislación en materia de aguas vigente en nuestra Comunidad Autónoma".
También se han referido a que las ordenanzas reguladoras de las tarifas de agua "incluyan bonificaciones destinadas a reducir el coste del suministro para aquellos colectivos en situaciones de desfavorecimiento social por sus circunstancias personales".
Asimismo, han precisado que "se regule de forma más precisa el procedimiento de notificación de los supuestos de fraudes en los suministros y que se apliquen las infracciones y sanciones necesarias para erradicar estas prácticas fraudulentas".
