El Pleno aprueba por unanimidad reclamar al Gobierno central que flexibilice las condiciones del plan de pago a proveedores
MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este martes liberar un total de 13,7 millones de euros para la ejecución de obras dentro del Plan de Asistencia y Cooperación, la antigua Concertación, que va dirigida exclusivamente a municipios menores de 25.000 habitantes.
Esta cantidad corresponde a la primera fase del plan de concertación de este año, cuyo presupuesto global asciende a 25 millones de euros. De estos, el 62 por ciento se destinará a obras y servicios y el 38 por ciento a gasto corriente.
El portavoz del equipo de gobierno del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha subrayado que la institución provincial va a adelantar el cien por cien de los fondos económicos a los municipios, en lugar del 75 por ciento, como se había hecho hasta ahora.
Además, ha incidido en que la aprobación de esta primera fase se ha adelantado al mes de marzo, cuando habitualmente se llevaba a cabo en mayo o junio. Con esto, la intención, según ha señalado Salado, es que "los ayuntamientos tengan recursos económicos de primera mano para que una vez que tengan los proyectos aprobados puedan ejecutar las obras y pagarlas con tranquilidad".
Asimismo, la institución supramunicipal también ha dispuesto otros 4,6 millones de euros para la asistencia técnica a los pequeños y medianos ayuntamientos de la provincia, para la elaboración de estudios.
Por otro lado, el portavoz del equipo de gobierno ha asegurado que en el próximo pleno ordinario está previsto que se apruebe la parte de gasto corriente de la concertación, con la que la Diputación va a transferir un total de ocho millones de euros, de los cuales cinco serán incondicionados.
Salado ha explicado que los ayuntamientos cada vez piden más fondos incondicionados "porque tienen falta de liquidez y muchas veces no llegan a cubrir los gastos corrientes, como la luz o las nóminas". Al mismo tiempo, ha afirmado que el año pasado se llegó al 80 por ciento de ejecución de la concertación.
Con relación a esto, la portavoz de IU, Antonia Morillas, ha criticado que lo que se ha aprobado es "una concertación mermada" en la que se reflejan "los primeros efectos de la reforma de la administración local". "Los efectos de la reforma van a provocar que la concertación se quede paralizada, en suspenso", ha advertido.
Según ha expuesto, los fondos de concertación "están a la espera de un informe sobre la aplicación de la reforma de la administración local, que muy previsiblemente concluya diciendo que esos servicios no pueden ser financiados por parte de la Diputación porque la reforma de la administración local así lo prohíbe".
En este punto, Morillas se ha referido, por ejemplo, al servicio de políticas de igualdad, que ofrece apoyo en materia de violencia de género, promoción de los planes de igualdad en los municipios, y asesoramiento al tejido asociativo de las mujeres en la provincia.
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES
Por otro lado, la Diputación ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos pedir al Gobierno central que flexibilice las condiciones el primer plan de pago a proveedores impulsado en el año 2012.
Los ayuntamientos que se acogieron a este plan disponían de un plazo de 10 años para devolver los créditos, que fueron concedidos a un seis por ciento de interés, y tenían además un periodo de carencia de dos años, que precisamente se cumple en 2014.
En este contexto, a iniciativa del PSOE, la Diputación ha acordado solicitar al Gobierno central, por un lado, que amplíe el periodo de carencia o el plazo de amortización de este fondo de pago, lo cual supondría, según Conejo, que la cuota a pagar mensualmente por los Ayuntamientos sería menor; y por otro, que se baje el tipo de interés y se adapte a los aplicados en los planes de pago a proveedores posteriores.
Conejo ha explicado que la propuesta responde a las demandas de los ayuntamientos ante las dificultades que se van a encontrar para hacer frente al pago de las cuotas, y ha insistido en que si el Gobierno central no flexibiliza las condiciones los municipios tendrán "problemas para garantizar los servicios públicos esenciales que prestan".
A las dos primeras fases de este plan de pago a proveedores se acogieron 3.777 entidades locales por un importe de 9.598 millones de euros. A la tercera fase del 2013, según los datos provisionales, lo hicieron 282 entidades por un importe de 215.754.812 euros.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Por último, el equipo de gobierno del PP ha rechazado la moción del PSOE --que sí ha contado con el voto a favor de IU-- en la que los socialistas pedían "un gran acuerdo por la construcción", para reactivar el sector y crear empleo, a raíz del plan que ha lanzado la Junta de Andalucía.
Para el PP en la propuesta de los socialistas "hay mucho marketing y pocos recursos económicos". Así, Salado ha insistido en que "el gran pacto que tenemos nosotros con la construcción es que las obras que tenemos presupuestados se ejecuten lo antes posible".
En concreto, el PSOE había propuesto una serie de medidas, entre las que destaca la solicitud a la Diputación para que agilice la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los pequeños y medianos municipios de la provincia. Según los socialistas más de la mitad de los planes urbanísticos que aún no se han concluido están siendo elaborados por esta institución.
Asimismo ha pedido que la Unidad de Recursos Europeos de la Diputación estudie la captación de fondos europeos que contribuyan a relanzar este sector, fundamentalmente de programas que "favorezcan las energías renovables y la eficiencia energética de las viviendas sostenibles".
Otros asuntos que ha solicitado es que se coordinen acciones en los pequeños y medianos municipios para que los ayuntamientos también adopten medidas para relanzar la construcción sostenible; que se impulse la contratación de parados de larga duración en las obras licitadas por la propia Diputación, y que se ponga en marcha en el presupuesto de la institución un plan de choque para llevar a cabo iniciativas de construcción sostenible en los pueblos pequeños.
Conejo ha subrayado la necesidad de "un gran acuerdo" por la construcción en la provincia que incluya a PP, PSOE e IU. "El equipo de gobierno debe tomarse muy en serio como buscar solución para aliviar la situación de los miles de desempleados malagueños de este sector", ha dicho.
OTRAS MOCIONES
En el pleno ordinario de este martes también se ha aprobado por los tres grupos una moción del PSOE según la cual la Diputación se compromete a buscar una solución para garantizar el apoyo económico a las 16 escuelas de verdiales que hay en la provincia y en las que participan unos 500 alumnos.
La institución supramunicipal aporta todos los años en torno al 50 por ciento del presupuesto de estas escuelas, algo que, según ha explicado el portavoz socialista, podría dejar de ser competencia de la Diputación según la reforma de la ley de la administración local.
Asimismo, el equipo de gobierno ha aprobado una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía a la aprobación de un plan de accesibilidad residencial, enfocado principalmente a la instalación de ascensores en los bloques de viviendas. Según el PP hay unas 581.000 viviendas sin ascensor en la provincia, la mayoría de ellas con una antigüedad de más de 50 años, en las que viven en torno a 1,7 millones de personas.
Por último, también ha salido adelante con los votos del PP una moción en la que se denuncia la "deficiencia sanitaria" en la provincia de Málaga, en concreto, y en Andalucía, en general, y en la que se pide al Gobierno andaluz que acabe con las listas de espera y que fije un calendario para finalizar las infraestructuras pendientes en la provincia.
