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Policías sostienen que se precintaron los documentos intervenidos en la investigación
MÁLAGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exedil de Marbella (Málaga) Rafael González, acusado en el caso 'Malaya', ha admitido que el presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, le prestó dinero después de que el Tribunal de Cuentas había embargado parte de su sueldo como consecuencia del proceso fiscalizador del Ayuntamiento, pero ha desvinculado este dinero de resoluciones urbanísticas. Ha reconocido dos pagos no contabilizados por la acusación, pero ha negado recibir sobres por dádivas.
González, que ha declarado este martes en el juicio del caso 'Malaya', ha explicado que fue un acuerdo verbal entre los dos y que los pagos los realizaba directamente Roca o su secretaria, pero siempre en sus oficinas; y a partir de 2004, cuando se empieza a hacer efectivo el embargo de parte de su sueldo de concejal, que se completaba con esos préstamos personales que le hacía el principal acusado, sin recibos.
El exconcejal, para el que piden nueve años de prisión, ha asegurado que todavía tiene la intención de devolver ese dinero prestado y ha insistido en que estas entregas no tienen nada que ver con aprobación de resoluciones urbanísticas ni él ha tenido "sobres de dádivas, prebendas o lo que sea, ninguno, nunca". "Los pagos no tienen nada que ver con el Ayuntamiento, salvo que el embargo que me hacen es por causa del Ayuntamiento", ha manifestado.
Ha reconocido algunas de las anotaciones y ha añadido dos pagos que suman casi 9.000 euros no computados por la acusación, precisando los meses de 2005 con los que se corresponde y cómo se hicieron. Una de las entregas fue en dos partes, la primera, Roca, "un día, ya muy tarde, no lo tenía previsto y lo sacó del bolsillo de su americana" y otra en un sobre, intervenido vacío en su vivienda. El segundo pago sí consta en el sumario, pero asociado a otras iniciales.
Ha señalado que inicialmente no apoyó la moción de censura contra Julián Muñoz porque le pareció "una traición", aunque al tiempo sí decidió colaborar con el equipo de gobierno. Respecto al urbanismo, ha indicado que nunca tuvo nada que ver con este área, "aunque ha sido lo que me ha llevado a prisión", por los procedimientos sobre permisos de obras. Ha añadido que "jamás he dado una licencia de obras a sabiendas de que estaba mal".
Sobre las comisiones de gobierno, el exconcejal ha manifestado que en ocasiones se retiraron convenios, y por tanto no se llegaron a aprobar, aunque en las actas aparecen como aprobados, por lo que ha indicado que "yo no puedo ser responsable, ni mis compañeros, de algo que allí se ha dicho expresamente retirar". Ha añadido que hay también actas "sin firmar" y en las que no aparecen determinados puntos del orden del día.
PRUEBA
En esta sesión, ha comenzado también la prueba relativa a esta parte del juicio. Así, han testificado seis agentes de la Policía Nacional que de una u otra forma intervinieron en registros realizados en domicilios u oficinas vinculados con acusados como Roca. Los policías han explicado que la documentación intervenida "se precintó en carpetas" y, posteriormente, fue puesta en poder del grupo investigador.
Los agentes han indicado que ellos abandonaban el registro "con todo precintado", como consta en el acta firmada por la secretaria judicial en su momento; y se trasladaba a Málaga al despacho de los investigadores del caso. También han ratificado que los entonces detenidos estuvieron presentes en el registro.
Asimismo, ha empezado a declarar el que fuera jefe de Blanqueo de la UDEF, quien ha comenzado a explicar los informes elaborados por su unidad sobre la base de otros realizados por la Udyco-Costa del Sol sobre los supuestos aportantes de dinero y tras analizar los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, donde se reflejan supuestos pagos y cobros.
En uno de estos informes se analizan las salidas de fondos y se determinan las sociedades que se identifican plenamente con Roca. Otro versa sobre los empresarios acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor y su relación societaria con el principal acusado, a través de sociedades, determinando que existía ya en 1993 "un reparto de determinados bienes, que pasan al ámbito del señor Roca".
También ha aseverado que la hipótesis de la que se partía era que había una sociedad a partir de la cual se adquieren propiedades municipales, con las cuales, con posterioridad, se desarrolla urbanísticamente y, supuestamente, se repartirían beneficios esos tres acusados.
