MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha decidido anular las intervenciones telefónicas realizadas en el conocido como caso FARA, por la presunta apropiación o desvío de 1,2 millones de euros de subvenciones de organismos oficiales; estimando así una de las impugnaciones planteadas por las defensas de los 16 imputados en las cuestiones previas al juicio, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Asimismo, el Tribunal estima, a través de un auto notificado hoy, la alegación presentada por la defensa de José Manuel E.P., acordando la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil del que se le acusaba; aunque desestima la impugnación presentada por otra parte respecto a la documentación incautada en la sede de la Federación, según apuntaron las fuentes.
La Sala decidió el pasado lunes aplazar hasta la semana próxima el inicio del juicio para decidir sobre la nulidad o no de las escuchas telefónicas, solicitada por las defensas de los procesados, que consideraban que ni las solicitudes policiales ni los autos del juzgado en los que se autorizaron las intervenciones cumplían ninguno de los parámetros exigidos por la ley.
En este sentido, alegaron falta de motivación y que las resoluciones contenían afirmaciones "absolutamente gratuitas", de carácter genérico "pero bien adobadas" y sin datos que corroboren las imputaciones. También apuntaron que el Tribunal Supremo anuló unas escuchas que surgieron de un informe policial común con esta causa. El fiscal se opuso a todas estas alegaciones.
La Fiscalía solicita en su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, un total de 89 años y medio de prisión para los 16 procesados --ahora 15--, a los que acusa de los delitos de apropiación indebida de parte de subvenciones de organismos oficiales, falsedad en documento, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales. En este juicio, está prevista la comparecencia de 61 testigos y de un perito.
La acusación pública solicita para el presidente del colectivo desde 1998, Vicente R.A., conocido como 'El Querillo' y jefe de una de las familias que integran el clan de los 'Charros', un total de 12 años y medio por los delitos de apropiación indebida, con concurso con un delito contra la Hacienda, y amenazas y coacciones, al entonces consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.
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