El fiscal considera que esta actitud se ha venido repitiendo durante todo el mes de marzo, calificándolo de "encerrona" a los agentes
MALAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado seis años de prisión, en total, para tres vecinos --un hombre y dos mujeres-- de la barriada malagueña de Palma-Palmilla por amenazar de muerte y amedrentar, con insultos y lanzando objetos, a agentes de la Policía Nacional para impedir la detención de otro residente en la zona. Esta conducta, según el fiscal, se repite "cada vez que se produce una intervención policial".
Los hechos por los que se acusa a J.S.S., M.A.S.S. y E.S.S. ocurrieron en concreto el día 20 del pasado mes de marzo cuando, según las conclusiones provisionales de la acusación pública a las que tuvo acceso Europa Press, los acusados se pusieron de acuerdo para "entorpecer la labor policial" en el arresto de un vecino de la barriada, para lo que "profirieron insultos y amenazas" a los policías.
En concreto, los acusados se dirigían a los agentes para decirles expresiones como "perros, os tenemos que matar", "vamos a pagar para que os maten", "te tenemos que matar, tú no sales vivo de aquí" o "sabemos hasta donde vives", llamando a alguno de los policías por sus nombres, por lo que tuvieron que retroceder y refugiarse en el coche y pedir refuerzos a la central.
Además, los acusados incitaron, presuntamente, a todas las personas de la barriada para que se sumaran y cercaron a los agentes impidiéndoles el acceso al vehículo oficial. Así, también animaban a los vecinos para que les arrojaran objetos desde la ventana, llegando a lanzarles, incluso, botellas de cristal.
Los agentes lograron abandonar la zona sin poder realizar las gestiones oportunas "y con el consiguiente sentimiento de temor e inseguridad que los acusados lograron provocarles", sin que quede constancia de que resultaran lesionados, ya que los objetos no les alcanzaron.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal indica que esta actitud, con la que pretendían no sólo evitar la detención, sino también la recogida de pruebas en el lugar de los hechos, "se ha venido repitiendo" a lo largo de todo el mes de marzo, provocando "lo que se considera una auténtica encerrona a los agentes".
Así, para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito de atentado, recogido en los artículos 550 y 551 del Código Penal, por lo que solicita para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión.
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