MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, acusado en el caso 'Troya', sobre la presunta corrupción urbanística en dicha localidad, ha asegurado que tanto él como el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, también procesado, "somos plenamente inocentes" y que "todo el daño que se ha hecho a nuestro pueblo, a muchísimas personas, a nuestras familias, a nuestros hijos y a todo nuestro entorno sólo podrá ser reparado con una sentencia absolutoria". "En eso confiamos", ha apostillado.
Martín Serón, único acusado junto a Guerra en esta causa, tras haberse retirado la acusación respecto de los 18 procesados restantes, ha realizado estas manifestaciones en el ejercido del derecho a la última palabra en la sesión de este viernes, en la que ambos han estado arropados por otros procesados en la causa y sus letrados. El juicio ha quedado visto para sentencia.
"Han sido cinco años de presunción de culpabilidad totalmente forzada y espero que prospere todo lo contrario, creo en la presunción de inocencia. Aquí no se ha demostrado nada", ha señalado el alcalde de Alhaurín el Grande, quien ha destacado que "hemos estado al servicio de los ciudadanos las 24 horas del día los 365 días del año y lo que hemos hecho ha sido trabajar por el pueblo".
Martín Serón ha admitido que Guerra y él "nos hemos planteado muchas veces irnos y dimitir", pero se ha mostrado convencido de que "por encima de todas las cuestiones personales y de todo lo que hemos sufrido, teníamos que defender la presunción de inocencia".
La Fiscalía de Málaga acusa a Martín Serón por 13 delitos de cohecho, solicitando multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de cárcel, y suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses, frente a los cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación pedidos inicialmente, al haberse modificado la acusación. A Guerra lo acusa de los mismos delitos y solicita la misma pena.
El representante del ministerio público ha sostenido en su informe final que aunque inicialmente se consideraba que el regidor habría consentido la presunta corrupción urbanística, tras el juicio entiende que ha quedado corroborado que éste era el que "ordenaba y mandaba que se hicieran las cosas en un sentido o en otro", apuntando que se exigía dinero por "realizar un acto que es propio del cargo", al admitir que las licencias que se dieron y fueron investigadas "podían ser concedidas".
De hecho, en el escrito de acusación definitivo del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que "al frente de dicha trama se encontraban los acusados Juan Martín Serón, como alcalde, y Gregorio Guerra", quien se encargaba de las negociaciones, pero "siempre bajo la supervisión y dirección del alcalde", considerando que era éste "quien finalmente tomaba las decisiones".
