El PSOE exigirá al PP que rechace la liberalización de horarios por "los graves perjuicios" para los comercios

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La polémica por la liberalización de los horarios comerciales llegará también al pleno del Ayuntamiento de Málaga de esta próxima semana de la mano del PSOE, que presentará una moción en contra de esta medida del Gobierno central y con el objetivo de que el Consistorio le inste a su paralización ante "los graves perjuicios que ocasionará a comerciantes y autónomos en estos difíciles momentos".

Asimismo, el grupo municipal socialista demandará que se establezca una normativa "estable y sostenible" y reclamará las competencias autonómicas para su aplicación "como garantía del respeto a las comunidades autónomas y a los trabajadores del sector", ha señalado a Europa Press la portavoz socialista, María Gámez.

En este punto, Gámez ha indicado que la medida del Gobierno central supondrá "un deterioro de las condiciones laborales --jornadas, turnos, descanso, conciliación familiar, etcétera-- de los trabajadores del sector, sin que existan razones suficientes de índole económica que justifiquen tal modificación".

Al igual que argumentan sindicatos y comerciantes, la edil del PSOE ha manifestado que la liberalización de horarios comerciales "no aumentará el consumo, sino que trasladará las compras del pequeño comercio minorista, que representa el 85 por ciento de los negocios y que genera más del 80 por ciento del empleo comercial --alrededor de 500.000, entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos-- a las grandes superficies, que suponen menos del 15 por ciento del total andaluz y generan menos del 20 por ciento del trabajo comercial en la Comunidad".

"EFECTO NEGATIVO"

Por ello, se contribuirá a "un mayor estancamiento de la demanda, acrecentado además, por la influencia negativa de la subida del IVA", ha advertido. Para los socialistas, como ha expuesto Gámez, el impacto de las medidas de Mariano Rajoy supondrán "un efecto negativo sobre el pequeño comercio, así como muchas de las micropymes existentes en el sector, que en muchos casos tenderán a desaparecer". Todo ello cuando, sin embargo, el pequeño y mediano comercio "contribuye a generar riqueza, empleo y bienestar y constituye el elemento vertebrador de las ciudades".

A juicio de la portavoz socialista, "resulta difícil entender que, ante la situación límite que atraviesa el sector, muy especialmente el pequeño comercio, se aprueben este tipo de medidas y no se apueste por un verdadero plan de dinamización del comercio con iniciativas urgentes realmente efectivas, ajustadas a las necesidades reales del sector y de los consumidores, de apoyo y de estímulo económico, que incentiven el consumo".

Además, ha hecho hincapié en que "Andalucía dispone de un modelo de horarios comerciales que cuenta con el consenso entre la Administración autonómica y los agentes socioeconómicos y que garantiza el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores", motivo por el cual "el Real Decreto-Ley constituye un ataque al actual sistema y una irrupción en el Estatuto de Autonomía andaluz".

Precisamente, Gámez ha recordado que, frente al apoyo de esta medida mostrado por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento malagueño, agentes económicos y sociales a nivel local, autonómico y nacional han mostrado su rechazo, citando, entre otros, a los sindicatos CCOO y UGT, la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) o las organizaciones de consumidores Facua, UCE-UCA y Al-Ándalus.

Así, la Consejería de Turismo y Comercio, la CECA, UGT, CCOO, Facua, UCE-UCA y Al-Ándalus firmaron el pasado miércoles una declaración conjunta contra la liberalización de horarios comerciales aprobada por el Gobierno central porque "invade" competencias autonómicas y supone "un ataque frontal" al sistema andaluz vigente.

Más aún, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, anunció la intención de la Junta de Andalucía de recurrir esta media del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional en defensa de las competencias exclusivas de la Comunidad, una cuestión que ha sido apoyada por todos los firmantes de la citada declaración.