Publicado 15/04/2020 13:03:20 +02:00CET

Salado pide por carta al Gobierno que actualice las condiciones de endeudamiento para reactivar la economía provincial

El presidente de la la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
El presidente de la la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, envió este lunes una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, para que se actualicen las condiciones de endeudamiento, teniendo en cuenta los planes que habrá que llevar a cabo para reactivar la economía en la provincia malagueña.

Salado recuerda a Montero la ayuda que prestan las diputaciones a los municipios, especialmente a los más pequeños, y el endeudamiento cero de la Diputación de Málaga, una situación económica que "nos debe permitir acometer proyectos e iniciativas para paliar el impacto de la misma para las familias y los trabajadores de nuestra provincia".

Por ello, para hacer frente a la crisis del COVID-19, y con la intención de poner en marcha un programa de reactivación económica de más de 100 millones de euros, así como otras medidas; Salado pide a la ministra la aprobación de un nuevo régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo dado que el vigente data de enero de 2019.

La idea es poder financiar planes de empleo, inversión en infraestructuras y equipamientos públicos y habilitar líneas de ayuda y modernización para los sectores productivos, que en el caso de Málaga tiene una "gran dependencia del sector turístico" y sufrirán "un impacto incluso más grave".

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Salado precisa que en la nueva normativa deben ampliarse los supuestos de utilización de créditos públicos para financiar las medidas de reactivación económica "necesarias para afrontar el impacto negativo de la pandemia sobre el empleo".

También reclama, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se pueda destinar no solo el superávit sino la totalidad del remanente líquido de tesorería disponible a la atención de cualquier tipo de actuación, ya sea de gasto corriente o de inversión y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, Protección Civil, limpieza, residuos y desinfección y cualquier actuación dirigida a atender a la población más vulnerable derivada del estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo pasado.

En la misiva alude a la petición efectuada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y en particular, a los gastos sociales de cualquier naturaleza destinados a colectivos vulnerables: teleasistencia, ayudas a la dependencia, atención domiciliaria; también a los de limpieza y desinfección de vías, espacios y dependencias públicas; gastos relacionados con la concesión de ayudas para garantizar el acceso a suministros; los vinculados a las medidas de teletrabajo o prestación de servicios a distancia por parte de empleados del sector público local así como de personal por las horas extraordinarias o contrataciones temporales debido al coronavirus.

Salado solicita, asimismo, que en el marco de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, no se consideren como subvenciones las prestaciones económicas del sistema de servicios sociales de comunidades autónomas y entidades locales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social "para evitar los perniciosos efectos fiscales que dicho tratamiento puede generar en los beneficiarios, al punto de impedir la consecución de la finalidad pública que motiva su concesión".

Asimismo, pide que se elimine de forma transitoria para este año, como medida extraordinaria o mecanismo adicional de apoyo a la liquidez, "la exigencia de cancelar antes de fin de ejercicio las operaciones especiales de tesorería formalizadas por las diputaciones con el exclusivo objeto de anticipar a los ayuntamientos los anticipos de las presumibles recaudaciones de IBI o IAE".

El objetivo es que desde la Diputación malagueña se pueda agilizar la respuesta a la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del coonavirus COVID-19. El presidente confía en que la ministra de Hacienda atienda estas propuestas, "que también nos están llegando desde muchos ayuntamientos de la provincia".