MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, afirmó hoy que el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Supremo para reclamarle a la empresa Boliden los costes económicos, en concreto 89,9 millones de euros, que conllevó el vertido tóxico de 1998 de minas de Aznalcóllar (Sevilla). "El rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a ser recurrido en casación, es decir, no nos vamos a dar por vencidos", agregó Coves.
La consejera explicó que fue en 1998 cuando se produjo el vertido tóxico de Boliden y que desde entonces dejaron de trabajar para resolver el impacto en la zona. "Nuestra prioridad política fue tratar de resolver el impacto ambiental de la zona y lo conseguimos, siendo hoy un paisaje protegido", indicó.
"Además, están resueltos los efectos económicos, ya que hay un polígono industrial allí con prácticamente todas sus parcelas vendidas, pero nosotros, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo este vertido, seguimos persiguiendo que la empresa se haga cargo de los costes derivados de todo el daño que causó", matizó.
Coves afirmó que la Administración andaluza fue por la vía penal, la civil y ahora la contencioso-administrativa. "Nos cerraron el camino por la penal, quedó archivado por la civil y ahora estamos en ésta y el TSJA dice que el tema no se corresponde con dicha vía", criticó.
Asimismo, informó de que si el recurso de casación ante el Supremo "no da resultado, la estrategia que va a seguir la Junta es acudir a la sala donde se dirimen las cuestiones jurídicas en el Supremo para que nos digan por qué vía podemos resolver este asunto, porque ahora mismo estamos en una situación un tanto extraña".
"El propio sistema judicial nos está diciendo que no tenemos ninguna vía y este tema no puede quedar archivado por parte de la vía penal, la civil y la contencioso-administrativa, de modo que será el TS quien le diga a la Junta qué tiene que hacer porque en instancias inferiores todas han sido cerradas", aclaró.
Finalmente, la consejera de Medio Ambiente resaltó que "lo importante es que el Gobierno andaluz no se desanima". "Vamos a continuar, aunque nos gustaría recibir más calor de los servicios jurídicos que tienen que ver este tema porque es un tanto extraño", sentenció.
