Tribunales.-Defensa de Roca dice que no se movía "nada" si no lo decía Gil y pide que se concrete la instrucción

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado José Aníbal Álvarez, defensa del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, aseguró hoy que en el Consistorio "no se movía nada sin las órdenes de Jesús Gil", ex alcalde marbellí ya fallecido, y pidió que se devuelva la causa al juzgado para que se concreten algunos aspectos de la instrucción, que cuestionó.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga acogió hoy el inicio de la vista sobre los recursos presentados por 62 imputados contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el anterior instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, contra 86 personas, después de que el actual juez encargado del caso, Óscar Pérez, desestimara los recursos de reforma.

Álvarez intervino el primero y pidió que se revoque un auto que, según dijo, "se dictó con tanta premura" que entonces quedaban otros recursos pendientes de resolver. En su exposición hizo referencia a que se dice de forma "machacona" en dicha resolución que Roca diseñaba el planeamiento cuando "lo diseñó Jesús Gil". "Juan Antonio Roca Nicolás en ningún momento diseñó ni desarrolló ni ordenó que se aplicase un plan u otro", apuntó.

Asimismo, negó otras afirmaciones recogidas en el auto sobre su cliente, como que urdió la moción de censura contra el entonces alcalde Julián Muñoz y que dio dinero a los concejales. Asimismo, el letrado recalcó que Roca no era político, por lo que "mal podía dirigir" e incidió en que no hay resoluciones ni actas firmadas por éste, ni aparecía en los plenos.

También hizo hincapié en que todos los procesados fueron detenidos y en que en ese momento se produjeron "confesiones interesadas con un fin claro, que se inculpara a Roca" por la "presión" de estar 72 horas arrestados; mientras que, según dijo, posteriormente, en otras declaraciones, ningún edil reconoció haber recibido dinero de él ni haber órdenes para aprobar resoluciones.

Añadió que no se le ha preguntado a Roca de quién son las iniciales o acrónimos que aparecen en unas anotaciones, utilizadas por la Policía para hacer imputaciones, y criticó que "hemos estado sometidos a juicios de valor en los informes, luego arrojados en resoluciones judiciales".

El abogado pidió que se concreten las fechas en que se cometieron los delitos, sobre todo el blanqueo, al considerar que "estamos en el limbo judicial y es importante al efecto de las prescripciones" y también los importes del supuesto perjuicio económico y del valor de los cuadros intervenidos, a la hora de determinar la responsabilidad civil, que fue fijada en 1.000 millones de euros.

En este sentido, dijo que todas las sociedades de Roca "tienen sustancialidad real y no son ninguna fachada", hasta el punto de que los bancos les concedían préstamos. Además, apuntó que los 120 millones de euros en los que el auto cifra el patrimonio de su cliente se corresponden "con el pasivo, no con el activo".

Por su parte, el letrado Ignacio Prieto, que intervino en nombre del ex alcalde Julián Muñoz, hizo referencia a afirmaciones del auto recurrido sobre el poder de Roca en el Ayuntamiento y la organización de la moción de censura y concluyó que Muñoz no formaba parte de la organización ni del entramado del presunto cerebro de la trama, por lo que "no firmó convenios para favorecerle".

ARGUMENTOS COMUNES

Prieto señaló la falta de motivación del auto y de "claridad y precisión" a la hora de concretar delitos y relacionarlos con los hechos, algo en lo que coincidieron los abogados que expusieron hoy su recurso, cuestionando el "maremágnum" de investigación del caso, que se prolonga ya más de tres años y que, según el letrado Pablo Luna, en representación de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, se ha realizado "a espaldas" de las defensas.

En este sentido, Luna dijo que la instrucción ha sido "un proceso trabajado en la intimidad del juzgado a espaldas de los procesados". Las defensas lamentaron que se les haya dicho que "no es el momento procesal" para pedir la nulidad del procedimiento, considerando que existe una "clara" vulneración de derechos "fundamentales y constitucionales".

Así, Ernesto Osuna, letrado del ex edil Rafael González, incidió en la dificultad de los letrados para intervenir en la instrucción y dijo que se ha aplicado "el derecho penal del enemigo en delitos en los que no había justificación para ello". Añadió que, además, se ha pretendido "finalizar la investigación antes de que intervinieran las defensas para que no den la lata", lo que ha llevado a "errores de bulto".

También lamentaron la precipitación a la hora de dictar el auto y consideraron que los acrónimos son suficientes para iniciar la investigación, pero afirmaron que no se han corroborado con otras pruebas, por lo que en algunos casos esas anotaciones son "lo único" para el procesamiento, según dijo el letrado, Hipólito Marín, que representa a la ex edil María José Lanzat.

Asimismo, criticaron que las imputaciones son de forma "coral y genérica" en cuanto a los ex ediles y se preguntaron cuáles de las declaraciones de éstos son válidas, si las primeras, cuando fueron detenidos, en las que muchos reconocieron recibir dinero, pero que "no fueron sometidas a contradicción", o las indagatorias, en las que negaron las imputaciones. Además, alegaron la "conexidad absoluta" con el caso Saqueo II y la competencia de la Audiencia Nacional.

Está previsto que entre mañana y el miércoles continúe la vista con la exposición de los recursos de otros tres ex ediles de Marbella, mientras que el jueves y el viernes se defenderán los presentados por empresarios, entre los que se encuentran los responsables de Aifos, Rafael Gómez Sánchez, José María González de Caldas y Tomás Olivo.