Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga (UMA). - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado este martes 17 al Consejo de Gobierno las directrices para la elaboración de su presupuesto de 2027. El documento analiza los ingresos previstos, el coste de la plantilla y de los servicios esenciales, y fija los criterios con los que se elaborarán las cuentas del próximo año. El texto anticipa un "año exigente, a la espera de que la Junta de Andalucía abone algunos ingresos pendientes".
En una primera estimación, la Universidad prevé unos ingresos de 349,5 millones de euros, un 1,3% más que en 2026, según han detallado a través de un comunicado. La financiación básica de la Junta, su principal fuente de ingresos, alcanza los 253 millones de euros, es decir, 9,2 millones, un 3,8% más que el año anterior.
No obstante, ese incremento es inferior al crecimiento previsto de los gastos de personal. Con la plantilla actual, el capítulo 1 se situaría en 258,6 millones de euros, como consecuencia de las subidas salariales del conjunto de los empleados públicos.
A ello se suman el coste de los grandes contratos de servicios esenciales --limpieza, seguridad, electricidad, agua y gas-- y los gastos de 2026 que se imputarán a 2027. Con estas previsiones, el presupuesto de 2027 parte de un desequilibrio inicial, según ha explicado la gerente de la Universidad, Rosario Gómez.
El importe final de ese desequilibrio dependerá de los ingresos de la Junta pendientes de recibir en 2026 y del ajuste que la institución regional pueda aplicar a los ingresos de 2027 a raíz de la orden de reparto que la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación aún debe publicar.
Además, las directrices recogen el informe que la Gerencia ha presentado al Consejo Social sobre el requerimiento de reducción de gastos derivado de la liquidación de 2025, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Universitario. El informe concluye que esa reducción no puede aplicarse en 2026, con el presupuesto prácticamente ejecutado, y propone abordarla en el de 2027, dentro de un plan de ajuste actualizado.
"La Universidad continuará trabajando con la Junta de Andalucía para cerrar los ingresos pendientes y para asegurar la financiación necesaria para el equilibrio de las cuentas de 2027", ha explicado el rector, Teodomiro López.
El Consejo de Gobierno ha abordado también la dotación y la convocatoria de plazas, tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
En el caso del PDI, se ha aprobado la dotación de ocho plazas de profesor titular de universidad. Corresponden a las áreas de Fisiología, Filosofía --dos plazas, Historia de la Filosofía Medieval y Filosofía Moderna--, Enfermería --dos plazas, Salud de la Mujer y Salud Escolar--, Economía Financiera y Contabilidad, Química Analítica e Ingeniería de Sistemas y Automática.
En contexto, los perfiles investigadores abarcan líneas tan diversas como la neurobiología del trastorno del espectro autista, el pensamiento islámico, la robótica quirúrgica, la prevención de lesiones o el rendimiento empresarial en el sector turístico y hostelero.
En cuanto al Ptgas, se han presentado las convocatorias de 207 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 (100 plazas) y 2026 (107). De ellas, 110 son de nuevo ingreso y 97, de promoción interna. En acceso libre, el grueso corresponde a la escala Administrativa, con 56 plazas entre ambos años, seguida de la de personal técnico auxiliar de Biblioteca, con 25. En promoción interna destacan las 35 plazas de Gestión Universitaria y las once de personal técnico especialista de Laboratorio. Del total, 21 plazas se reservan a personas con discapacidad, diez en 2025 y once en 2026.
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la Guía de Buenas prácticas en Pruebas de Evaluación para actuar contra el fraude académico en los exámenes, que establece las líneas orientativas de cómo debe actuar el profesorado ante un caso de copia o sospecha, en concreto, retirar la prueba, cambiar al alumno de sitio o expulsarlo con un suspenso, según las circunstancias.
No sólo atiende a las actuaciones ante la sospecha de fraude, sino también establece unas recomendaciones previas para el conocimiento general de las normas de desarrollo de las pruebas de evaluación por el profesorado y el estudiantado de la UMA. En caso de detección de fraude, además de las consecuencias académicas, los casos se comunicarán a la Inspección de Servicios para valorar un posible expediente disciplinario.
Por otra parte, la sesión ha incluido también, entre otros asuntos, modificaciones del segundo Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica, los calendarios laborales de 2027 del Ptgas y del PDI, el nombramiento de profesorado colaborador honorario, los baremos del profesorado asociado al Concierto de Instituciones Sanitarias y la reserva de plazas del turno de discapacidad en el proceso de estabilización del profesorado asociado LOU.