Amama tacha de "pena" el archivo de la denuncia contra altos cargos: "Ha habido una negligencia y ahí están las pruebas"

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ángela Claverol, la presidenta de Amama, asociación que destapó los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama, sobre el que la Junta llegó a cifrar en 2.317 las mujeres afectadas por los errores de comunicación, ha tachado de "pena" y "tristeza" el archivo por parte de la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran, actualmente, dos personas aforadas, al concluir que, tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados.

En declaraciones a Europa Press, Claverol ha sostenido que ha habido "una negligencia". "Ahí están las pruebas", ha manifestado, en alusión a las 110 reclamaciones patrimoniales presentadas hasta la fecha por mujeres en un estadio BID-RAD 3. "Me parece mal el archivo porque ahí están las pruebas y de alguna manera habrá que dar explicaciones, digo yo", ha puntualizado la presidenta de Amama, que ha reconocido que "quizás no hemos tenido la capacidad de tener un equipo jurídico con prestancia" para dedicarse sólo a este tema.

Las denuncias, presentadas a lo largo del mes de octubre pasado por la Asociación del Paciente y ampliada con escritos de dieciséis mujeres con sus casos particulares más las de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, incluyen a tres personas no aforadas, una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz del Salud, tal como ha recordado la Fiscalía en una nota.

En las diligencias de investigación preprocesales, que realiza la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas y de las declaraciones en sus escritos de las dieciséis mujeres afectadas más el informe y documentación que aporta la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, el decreto señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

La Fiscalía de Andalucía concluye en remitir las presentes diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados de manera individual y separada".

El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.