El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, asiste al acto de Por Andalucía 'La fuerza de nuestra tierra; la esperanza de nuestro futuro', a 18 de enero de 2026 en Málaga. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press
SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario Por Andalucía va a registrar en la Cámara andaluza una "batería de iniciativas" para pedir "explicaciones" a la Junta acerca de la "cesión de datos" de "miles de alumnos" por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo a Google, que desde la coalición de izquierdas consideran que es un asunto "de extrema gravedad".
Así lo ha anunciado el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, este lunes en una rueda de prensa en Sevilla al hilo de una información adelantada por el diario 'El País' en la que se apunta que durante los últimos cinco años se habría vulnerado la protección de datos de 738.502 alumnos menores de edad, 43.202 profesores y 2.676 centros escolares por el convenio que se firmó con la citada tecnológica para disponer de su plataforma educativa virtual Workplace for Education a cambio de la cesión de sus datos, según el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de esa comunidad.
Maíllo ha llamado la atención acerca de que dicha cesión de datos afecte a "más de 738.500 alumnos pertenecientes a 2.600 centros de la red educativa andaluza, prácticamente algo más de la mitad de los existentes", y se produce "simplemente a cambio de la utilización de una plataforma digital con fines educativos".
"Creemos que es un escándalo" protagonizado por "un gobierno que está vendiendo Andalucía" y que "se mueve con una absoluta frivolidad con respecto a situaciones tan delicadas como es la obtención, por parte de Google, de datos de menores, así como del profesorado implicado en esta plataforma, a cambio, simplemente, de unos soportes digitales para la facilitación de entrega de tareas y trabajo educativo", ha comentado Maíllo al respecto.
Por eso ha justificado que el grupo parlamentario de Por Andalucía vaya a presentar dicha batería de iniciativas para que "se aclare" este asunto, al considerar "de extrema gravedad que nuestros niños y niñas estén al albur en sus datos, sin conocer su uso, pudiendo ser trasladados a otros países con otra normativa y legislación mucho más laxa de la que existe en nuestro país", según ha apostillado el dirigente de IU.
EXPLICACIÓN DE LA JUNTA
Por su parte, desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía han garantizado este lunes al hilo de este asunto que "no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía". Además, han aclarado que todas las cuentas se crean con datos anónimos, y "Google nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales".
Fuentes de la Consejería han indicado también que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda) "consideró la necesidad de establecer medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos, como así ha ocurrido a través del Plan de Acción puesto en marcha para dar respuesta a las propuestas del Ctpda".
Las cuentas se controlan desde una consola en la Consejería, lo que "garantiza su gestión y el uso exclusivo para fines educativos". "Atendiendo a las indicaciones del Consejo de Transparencia, la Consejería trabajó de forma intensa y colaborativa tanto con Google como con el propio Consejo de Transparencia para la puesta en marcha de medidas que respondieran a cada una de las indicaciones, y fruto de ello fue la elaboración de un Plan de Acción que ha mejorado las acciones formativas para el profesorado, equipos directivos y familias sobre protección de datos y uso de las plataformas", han añadido las mismas fuentes.
Igualmente, la Administración autonómica ha puntualizado, por último, que también se actualizó el Registro de Actividad de Tratamiento y se está tramitando un nuevo convenio, que cuenta con una Evaluación de Impacto con roles más claros de responsabilidad sobre el tratamiento de datos por parte de la Consejería y de Google. Otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares, entre otras, tienen también acuerdos con Google como el de Andalucía.
En cuanto a Microsoft, las "indicaciones" del Consejo de Transparencia son "las mismas"; es decir, "la consideración de medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios". En los próximos meses, la Consejería ha adelantado que "se trasladará al Ctpda respuesta al expediente, que culminará también con la firma de un nuevo convenio donde queden aclaradas todas las cuestiones".