SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Alicia Ruiz de Castro, letrada del gabinete jurídico de la Junta desde 1999 a 2005 y desde 2014 hasta la actualidad y autora del informe encargado en 2009 por el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, al despacho de Garrigues, en el que trabajó la abogada desde 2005 hasta 2014, para cambiar el sistema de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irrregulares, especialmente las dadas a empresas en crisis, ha asegurado que el Gobierno andaluz "quería un paraguas pero con urgencias".
Así lo ha señalado Ruiz de Castro durante su declaración en la sesión de tarde de este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE irregulares entre los años 2001 y 2010.
En julio de 2001 se firmó un convenio marco entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el que el ente pública pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L que la propia Dirección General allegaría a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, herramienta que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previas de las subvenciones dadas.
En 2009, Juan Márquez, uno de los 22 ex altos cargos acusados, encargó al despacho Garrigues un informe sobre la conveniencia del uso de las transferencias de financiación en la concesión de las ayudas y de alguna manera para "procedimentar" la línea de ayudas a empresas en situación de crisis.
En este sentido, Ruiz de Castro ha indicado que Márquez le transmitió "urgencia y hacerlo bien", es decir, "un paraguas con urgencias" porque "quería resolver una situación acuciante y grave". A este respecto, ha añadido que el ex director general de Trabajo lo que quería era "solventar las situaciones agónicas de empresas en crisis pero resolverlo conforme a derecho", pues estábamos ante cuestiones --transferencias de financiación, subvenciones excepcionales, ayudas sociolaborales, etcétera-- "complejas y discutibles".
Así, ha precisado que el objetivo de esta línea de ayudas era "empresas en crisis que no podían hacer frente a pagos de suministros", añadiendo que también podían hacer frente al pago de nóminas con este dinero.
La letrada de la Junta ha señalado que las recomendaciones recogidas en el informe estaban dirigidas a la Dirección General de Trabajo para que ésta las implementara, pues era el órgano peticionario. La Dirección General de Trabajo asumió todas las recomendaciones del informe, como las propuestas de introducir resoluciones de pago y la encomienda de gestión, en lugar de los convenios específicos y las transferencias de financiación.
En la elaboración del informe, Ruiz de Castro revisó el procedimiento usado para la concesión de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo, evidenciando, entre otras cuestiones, "la utilización fraudulenta" de las transferencias de financiación para "omitir" la fiscalización previa, añadiendo además que éstas deberían usarse para financiar gastos corrientes de la entidad a la que iba dirigida.
A este respecto planteó en el informe como herramienta de financiación "procedente" la encomienda de gestión, que se comenzó a usar en 2010, frente a la transferencia de financiación, sobre todo cuando hay un órgano concedente de las ayudas, la Dirección General de Trabajo, y otro que las pagaba, en este caso IDEA.
Ruiz de Castro, en el informe, consideró que era "preciso" una delegación de competencias para la concesión de las subvenciones por parte del director general de Trabajo porque "las ostentaba el consejero". Igualmente, ha comentado que en su trabajo se evidencia "no sólo la ausencia de procedimiento sino que no había nada".
