La Junta defiende que cumple con su "deber" al denunciar la supuesta malversación de 7,4 millones por CCOO y UGT

Actualizado 02/12/2019 16:20:45 CET
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en el Parque Joyero de Córdoba.
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en el Parque Joyero de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha dicho este lunes que su Consejería ha cumplido con su "deber como administración pública" al denunciar ante la Fiscalía la supuesta malversación por parte de los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía de 7,4 millones de euros de dinero público de las residencias de Tiempo Libre andaluzas entre 2003 y 2006.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas poco antes de asistir en Córdoba a la constitución de los consejos sociales de los cuatro Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional que existen en Andalucía, Blanco ha explicado que, tras la formación a primeros de año del nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs, en Empleo se encontraron "con un informe noviembre de 2018 del Servicio Jurídico en el que ponía de manifiesto estos hechos".

Ante ello, Empleo pidió "otro informe al Gabinete Jurídico en abril de este ejercicio", que se les entregó "en mayo" pasado, poniendo de "manifiesto que hay una prescripción de la posibilidad de reclamar estos fondos, tanto por vía administrativa, como por vía civil, y solo queda la vía penal", y ahora Empleo ha cumplido con su "obligación, como gestores públicos, de poner en comunicación de la Fiscalía los hechos", de modo que hay que estar a "lo que la Fiscalía determine", en cuanto a si hay "indicios de delito" o no.

En concreto y según ha avanzado este lunes el diario 'ABC', los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía deben a la Hacienda Pública hasta 7,4 millones de euros correspondientes a los precios públicos cobrados a los usuarios por la adjudicación de plazas en las mencionadas residencias entre los años 2003 y 2006. Los sindicatos, a los que la Junta había cedido la gestión de las residencias, supuestamente nunca ingresaron los fondos públicos como debían.

Como consecuencia de ello, en julio de 2015 Empleo abrió un procedimiento administrativo para reclamar 4,02 millones a CCOO y 3,37 millones a UGT. Los sindicatos recurrieron la resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en dos sentencias dictadas en marzo y abril de 2017 por las secciones Tercera y Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estimó los recursos de CCOO y UGT, al entender que el derecho para exigir el cobro había prescrito.

Tras ello, el Gabinete Jurídico envió a la Dirección General de Relaciones Laborales dos oficios en abril y mayo de 2017, para advertirle de la procedencia de exigir responsabilidades contables y, en su caso, penales, conforme indicó el letrado de la Asesoría Jurídica de esa Consejería en un informe emitido en 2015.

El último informe jurídico, del 21 de mayo de 2019, al que ha hecho referencia Rocío Blanco, constató que "la posible responsabilidad contable de las organizaciones sindicales se encuentra prescrita", y también "la responsabilidad contable de aquellos gestores que dejaron prescribir la deuda", con lo que solo queda la denuncia penal, y por eso ahora Empleo ha trasladado todos los documentos al respecto a la Fiscalía.

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