Familias de víctimas del Barranco de Víznar comparecen en Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de algunas de las víctimas exhumadas en fosas comunes del Barranco de Víznar (Granada) que han sido identificadas han comparecido ante la fiscal provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada, Montserrat Luque Molina, con el fin de promover la incoación de expedientes de jurisdicción voluntaria.

Este proceso podría posibilitar la celebración de un juicio civil que permita la nulidad de causas penales, sentencias firmes y expedientes administrativos sancionadores contra las víctimas que fueron dictados por instancias franquistas y que, hasta la fecha, continúan vigentes.

Desde su inicio en 2021, el proyecto de la Universidad de Granada 'Barranco de Víznar. Lugar de Memoria' ha localizado 29 fosas comunes en dicho paraje, de las cuales se han recuperado 194 cuerpos, de los que 40 son mujeres y 150 hombres.

El Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada ha podido identificar 11 de ellos, en un proceso que continúa activo y que ofrecerá nuevos resultados positivos.

A su vez, la Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación por posibles delitos de lesa humanidad tras la exhumación, entre 2021 y 2022, de siete fosas en las que fueron exhumados 49 cuerpos, de los que 24 eran mujeres y 25 hombres con edades comprendidas entre los 36 y los 42 años.

Todos ellos llevaban vestimenta propia de la primera mitad del siglo XX, presentaban signos de muerte violenta y casi en su totalidad tenían evidencias de traumatismos por arma de fuego.

El Ministerio Fiscal tomó la decisión a raíz de la documentación remitida por el responsable de los trabajos en el Barranco de Víznar, el profesor Francisco Carrión, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

Y toda vez que los estudios históricos, antropológicos y sociológicos realizados determinan que los restos podrían corresponder a víctimas de "desapariciones forzadas y asesinatos" cometidos en el contexto de la represión sufrida por la población granadina como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

En el decreto en el que se abrió la investigación, consultado por Europa Press, la Fiscalía mantenía que los hechos investigados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad.

La Fiscalía General del Estado designó a mediados de 2025 a Montserrat Luque Molina como fiscal provincial delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática, permitiendo que Granada cuente por primera vez con una fiscal con formación especializada que podrá seguir directamente los expedientes abiertos en la provincia.

El objetivo es propiciar un contacto más fluido y directo con las víctimas, las asociaciones memorialistas y las entidades competentes en este ámbito, según detallaron a Europa Press desde el Ministerio Fiscal.

El objetivo es, en todo caso, garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que son los pilares que rigen la Ley de Memoria Democrática.