La gerente de Formades niega que ordenase contratar a su hijo y defiende los gastos en la cabalgata de Reyes de Almonte

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes el juicio sobre la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación protagonizados por su exgerente Ana María Orihuela, su hijo, un sobrino y dos acusados más; pues Orihuela habría contratado supuestamente "servicios con familiares y amigos faltando a los más elementales deberes legales" y eludiendo las reglas de contratación.

   La sesión ha contado especialmente con la comparecencia como acusada de Ana María Orihuela, concejal del Ayuntamiento de Almonte designada allá "en 2005 o 2006" como gerente del citado consorcio público Formades, según ha rememorado ella misma.

   A tal efecto, la Fiscalía considera que mientras "el Consorcio necesitaba sostener unos gastos de funcionamiento como gastos generales, que debían ser justificados en atención a criterios de proporcionalidad", Orihuela "comenzó a contratar dichos servicios con familiares y amigos, faltando a los más elementales deberes legales y soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones" de las que se nutría esta entidad pública.

   Como gerente del consorcio, según la Fiscalía Anticorrupción, Orihuela "adjudicó contratos sin licitación previa", "aceptó que familiares y amistades presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que ni describen la realidad del servicio, ni puede saberse si este se hizo" el mismo y "fraccionó contratos de manera que no superaran los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios".

   Según la Fiscalía, el hijo de Orihuela, también acusado en este juicio, fue contratado "directamente" para labores de mantenimiento, sin licitación, recibiendo en total 452.895,82 euros de las subvenciones ya descritas por tareas que "no pueden concretarse ni acreditarse" y mediando algunas facturas "duplicadas".

   Frente a ello, Orihuela ha defendido ante el tribunal que desde el consorcio promovió la confección de los correspondientes pliegos de licitación para la contratación de tales servicios, pero según ha dicho los documentos confeccionados por el consorcio nunca fueron aprobados por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía, extremo que ha reiterado varias veces.

"LOS PLIEGOS NO SALÍAN"

   "Los pliegos no salían", ha insistido atribuyendo tal extremo a la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo y relatando que mientras ella necesitaba contratar servicios para el funcionamiento del consorcio y reclamaba la autorización de los citados pliegos, desde dicho departamento autonómico le pedían que "esperase". "Yo tenía que trabajar con facturas", ha agregado en ese mismo sentido.

   Y ante las acusaciones de la Fiscalía de incidencias por falta de justificación del destino de las ayudas de las que se alimentaba el consorcio, pesando que en 2011 el interventor habría descubierto "irregularidades en facturas expedidas por el hijo" de la acusada y la falta de "contratación con este y otros proveedores siempre de la órbita familiar de la misma"; Ana María Orihuela ha manifestado que era el administrador del consorcio quien le presentaba las justificaciones y ella daba por bueno su trabajo porque se trataba de un técnicos "capacitado" para esas gestiones.

   Así, ha asegurado que ella firmaba "el trabajo hecho por el administrador" y elevaba la documentación a la Dirección General de Formación, como departamento autonómico promotor de las ayudas de las que se nutría el consorcio.

LA CONTRATACIÓN DE SU HIJO

   En ese marco, ha asegurado que "jamás" ordenó la contratación de su hijo y también acusado en la causa, Juan Manuel Orihuela, alegando que su vástago, contratado sin licitación según la Fiscalía, estaba "prorrogado" por contrataciones previas del consorcio en los servicios de mantenimiento porque "no salían" los pliegos destinados a la licitación de tales trabajos. Ella supo de su contratación "a posteriori", según ha asegurado.

   Es más, ha manifestado que ya entonces su hijo y ella no residían juntos e incluso no tenía "ninguna relación con él" porque había "un problema" personal entre ambos. "Y yo me lo creo", le ha replicado entre otros aspectos el fiscal encargado del caso, Fernando Soto, mientras ella manifestaba que en todo momento informó a la Dirección General de Formación de que su hijo estaba siendo objeto de contrataciones por parte de la entidad.

   Del mismo modo, ha defendido que no le "suena" que diese instrucciones para que se encargase a su hijo el suministro e instalación de un equipo de airea acondicionado, remitiéndose a los técnicos del consorcio respecto a ese extremo. "Yo tenía que recurrir a mis técnicos", se ha encogido de hombros.

"NI UN PASO" SIN LA DIRECCIÓN GENERAL

   En el caso de las contrataciones en favor de Cristóbal Ojeda Orihuela, sobrino de esta mujer y también acusado en el juicio, ha negado que sus funciones de vigilancia fueran duplicadas respecto al contrato con la empresa Esabe, porque esta otra sólo habría sido contratada para momentos "puntuales", según ha precisado, alegando que nunca dio "ni un paso" sin la autorización de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.

   Además, ha argumentado que como gerente, ella no estaba "detrás de los trabajadores para comprobar si se cumplían" los encargos contratados, pidiendo "perdón" por las incidencias administrativas que fuesen detectadas porque se siente "culpable" de las mismas.

   En cuanto a Juan Francisco Millán, quien según la Fiscalía habría acordado con Orihuela "los servicios veterinarios fraccionando estos, evitando así llegar al límite de la ley de contratos públicos", la acusada ha jurado "por Dios" que no fraccionó tales contrataciones, atribuyendo las contrataciones en favor de esta persona a que "seguramente" ya había contratos previos con él antes de desembarcar ella en la gestión.

LA CABALGATA DE REYES

   En cuanto a los 6.555 euros de los fondos del consorcio que habrían sido destinados a "regalos y caramelos para la Cabalgata de Reyes" de Almonte de 2009, en la que ella encarnaba al rey Melchor, Orihuela ha manifestado que a la entidad le fue solicitada una "aportación" para el citado cortejo real y que todo fue realizado "previo permiso de la Dirección General" de Formación, entonces ostentada por María José Lara. "Yo pedí permiso. Sabían cada paso que di", ha aseverado, desvinculando esos gastos del hecho de que ella ejerciese como rey Melchor en la Cabalgata.

   También ha respondido a gastos por más de 9.000 euros en comidas, alegando que el consorcio necesitaba celebrar encuentros con los empresarios y agentes sociales para conocer las "demandas" de los mismos, admitiendo en paralelo que "posiblemente" no fuese una función del consorcio financiar unas excursiones con catering de familias de presos a la cárcel de Huelva para celebrar visitas, como así sucedió.

   No obstante, Ana María Orihuela ha reiterado que ella "pedía permiso" a la Dirección General de Formación para la financiación de estas actividades.