Gobierno subraya ahorro de 63 millones en una década para Andalucía con implantación de la Ley de Eficiencia de Justicia

BARCELONA/SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha remarcado este viernes que la Ley de Medidas de Eficiencia en materia del Servicio Público de Justicia, la Ley 1/2025, supondrá un ahorro de 63 millones de euros para Andalucía en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia.

Ha esgrimido igualmente el Gobierno sobre su implantación que, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de cerca de 3,3 millones por parte de Andalucía al argumentar que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.

El Gobierno ha informado con una nota de un análisis del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado para su presentación este viernes en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia.

Estas afirmaciones son la antítesis de las que este jueves hizo en Barcelona el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien afirmó que el coste para Andalucía sería superior a los 60 millones de euros en el marco de un encuentro preparatorio de la Conferencia Sectorial de Justicia de los responsables del sector de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

El Pleno de la Conferencia Sectorial no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos la representación de Andalucía, que ostentaba el consejero Nieto.

El Gobierno ha recriminado esta actitud de los responsables de justicia del PP porque "no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas".

El Ministerio de Justicia y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos.

El cálculo del Gobierno se sustenta sobre cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000 euros para esgrimir que con la nueva ley el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 euros, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.

INVERSIÓN EN ANDALUCÍA DE 65 MILLONES PROCEDENTES DE FONDOS EUROPEOS

El Gobierno ha subrayado que la inversión que el Ministerio de Justicia ya ha realizado en Andalucía para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia asciende a 65 millones de euros, procedentes en su mayoría de fondos europeos, cantidad que ha presentado como "cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo".

Ha demandado el Ministerio "un esfuerzo por parte de las comunidades autónomas con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley", para precisar que aunque su creación está prevista desde hace 20 años, "su implantación es muy desigual en el territorio" para precisar que "en el caso de Andalucía es del 2%".

IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA

El Ministerio ha defendido "los avances realizados en las nueve líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el Ministerio tiene la competencia en materia de justicia" y ha indicado que estarán, previsiblemente, en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.

El Gobierno se ha reafirmado en el argumento de que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia "prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados".

La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial y ha blandido que "permitirá una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones".

La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.

BOLAÑOS: INVERSIÓN IRRISORIA RESPECTO AL AHORRO

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este viernes que la inversión que supone la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial supone una inversión "irrisoria" con respecto al ahorro que supondrá de aquí a 10 años para el Ministerio de Justicia y las 12 comunidades que tienen las competencias de justicia transferidas, que ha cifrado en 290 millones de euros.

Así lo ha defendido en una atención a los medios junto al conseller de Justicia de Cataluña, Ramon Espadaler, previa al inicio de la segunda sesión de la Conferencia Sectorial de Justicia, que acoge Barcelona.

Bolaños ha manifestado que el Ministerio de Justicia ya ha destinado 325 millones a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias para implantar esta ley, mientras que ha hablado de un coste de implantación de 15 millones de las comunidades este año.

"Es un modelo que ahorra costes, es un modelo que en este año 2025 requiere de una inversión mínima, insisto, de 15 millones de euros para el Ministerio y las 12 comunidades autónomas y que tendrá unos ahorros a 10 años vista que podrán significar que se puedan acumular los recursos allí donde sea más necesario en la Administración de Justicia", ha manifestado.

Ha argumentado textualmente que se trata de una ley innovadora y transformadora, que viene a reformar la Administración de Justicia y que supone "un paso de gigante" hacia una justicia del siglo XXI.