El Ingreso Mínimo Vital llega a 818.528 andaluces en abril con una cuantía media al mes por hogar de 517 euros

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en abril a 263.915 hogares andaluces, en 189.129 de los cuales conviven menores. La prestación alcanza a 818.528 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 517,1 euros mensuales por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 146,5 millones de euros, en Andalucía.

En abril de 2026, había 36.638 prestaciones activas más que hace un año al haber aumentado el número de hogares que se acoge a esta prestación en un 16,1%, un porcentaje similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 15,8% (111.768) desde el mismo mes del año anterior, según las cifras ofrecidas por el Gobierno en una nota de prensa.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En abril, el 73,6% de los titulares (194.252) y el 53% de los beneficiarios (434.252) son mujeres. En sus casi seis años de vigencia, el IMV ha alcanzado a más de 1,1 millones de personas en Andalucía (1.136.182). En la actualidad, en la comunidad autónoma 324.135 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 39,5% del total.

El perfil de los hogares beneficiarios en Andalucía revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. Más de 40.400 hogares son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia. Esta realidad se refleja también en el conjunto de la prestación.

El 73,6% de las personas titulares del IMV son mujeres y más de la mitad de las beneficiarias también lo son. El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) ha llegado en abril a 190.889 hogares andaluces, con una ayuda media de 67,06 euros por menor y de 115,43 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años. El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios.

La edad media de los beneficiarios, situada en 28,3 años --y en 20,6 años si se excluye a los titulares-- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. Además, cabe señalar, a título informativo, que esta ayuda la pueden solicitar personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo.

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia. Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales. Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

En el caso de las personas que agotan el subsidio por desempleo y no logran reinsertarse laboralmente, acceden al IMV sin necesidad de solicitarlo ni aportar nueva documentación, ya que el SEPE y la Seguridad Social realizan el reconocimiento de oficio. Asimismo, la incorporación del sistema de doble revisión de ingresos permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el año pasado los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.