Aves, redes invisibles tipo 'japonesas' de grandes dimensiones y otros útiles de caza ilegales intervenidos. - GUARDIA CIVIL
CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil investiga a un varón de 59 años de edad como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por caza furtiva de aves fringílidas protegidas en una zona aledaña a Santa Cruz, en Córdoba. Los agentes han rescatado 42 aves, de las que 26 estaban sin vida y el resto pudieron ponerse en libertad 'in situ'.
Según ha informado la Benemérita en una nota, los hechos han ocurrido en una zona de paso de este tipo de aves en el entorno de un arroyo cercano a la barriada periférica de Santa Cruz, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) estableció un dispositivo para identificar al presunto autor, a quien sorprendieron 'in fraganti'.
Se trata de un vecino de una localidad cercana, que estaba realizando captura de pequeñas aves protegidas con artes prohibidas por la Ley. El presunto autor tenía colocadas tres redes japonesas de grandes dimensiones en un lugar escondido del arroyo, donde, aprovechando la vegetación de la zona para ocultarse y no ser detectado, manipulaba las artes de caza prohibidas donde quedaban atrapadas las aves.
Al respecto, el hombre, al usar medios de caza masivos no selectivos, capturaba indiscriminadamente especímenes protegidos, sacrificando todas las aves capturadas de variedades distintas al jilguero, guardando esta última especie de ave en una jaula que poseía escondida en las inmediaciones.
Entre las especies rescatadas había Jilguero (Carduelis Carduelis), Verdecillos (Serinus serinus), Verderón común (Chloris chloris), Papamoscas gris (Muscicapa striata), Pinzón vulgar (Fringila coelebs), todas ellas protegidas estando prohibida su captura.
Los agentes de la Guardia Civil procedieron entonces a identificar e investigar a este hombre como presunto autor de un delito contra la flora y fauna (caza furtiva), aprehendiendo cuatro redes invisibles de tipo 'japonesas' y otros medios de caza utilizados. Las diligencias practicadas, así como la persona investigada han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.