SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla continúa este lunes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Para este lunes está fijada la comparecencia como acusada de Encarnación Poto, quien fuera miembro y presidenta del consejo de administración de esta sociedad anónima laboral, puesto por el que siguió cobrando después de acogerse al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la entidad con cargo a fondos de la Junta de Andalucía, para prejubilar a 35 empleados.
En ese sentido, durante el desarrollo de la vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones del ERE fueron ofertadas en condiciones bastante o muy "favorables". Así lo dijo por ejemplo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio.
Es más, según el que fuera jefe de fábrica de Acyco entre 2001 y 2011, quien declaraba como testigo, los empleados acogidos al ERE de Acyco manifestaban que las prejubilaciones eran "casi mejor" que ganar "la lotería", pues las rentas alcanzaban casi el cien por ciento del salario.
Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, este exjefe de fábrica de la empresa manifestaba que gracias a tal decisión de Gabriel Barrero, Encarnación Poto y otros socios de la entidad, fue posible activar los pagos de las prejubilaciones, según le habrían manifestado los beneficiarios de las mismas.
LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO
A tal efecto, el día previo, un jefe de la Guardia Civil encargado de la investigación señalaba el "compromiso" del acusado Jesús Bordallo, entonces consultor de Vitalia en Sevilla, para que en el plazo de "un año" ese dinero fuese devuelto a los socios de Acyco que lo habían anticipado, extremo que según relataba habría sido acometido mediante "una factura" de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de dicha empresa con cargo a la Junta, una factura no elaborada por tal asociación.
En ese sentido, recordemos que el prejubilado Antonio Alamino, como presidente de la asociación, testificó que tras aquel adelanto, descubrió que en la cuenta bancaria de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco, tomadora de la póliza de las prejubilaciones del ERE, habían ingresado "40 millones de pesetas" y como "no quería líos", solicitó al director de la sucursal bancaria que diese ese dinero "a quien lo había pedido" porque no pertenecía a los extrabajadores, tras lo cual el dinero fue transferido y según ha indicado, "se lo llevaron" Gabriel Barrero y Encarnación Poto, entre otros.
LAS FUNCIONES DE POTO
Además, una extrabajadora de Acyco que manifestaba que fue "mano derecha" o "persona de confianza" de Poto durante el periodo de fundación de la empresa admitió que ante la Guardia Civil tachó de "auténtica dictadora" a Poto y, en esta ocasión, le achacaba un "abuso de poder" mediante el cual "sometía" a la plantilla, que participaba de la entidad mediante acciones, a "lo que ella decía", incluyendo con ello supuestas "amenazas" de despido.
"Se le dio un poder absoluto cuando ella no era empresaria, sino socia", indicaba esta testigo exponiendo que Poto no daba cuentas a la plantilla de sus gestiones al frente de la empresa.
