Los laborales andaluces se movilizarán por el parón al VII convenio colectivo: "No pagaremos la crisis del cribado"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CSIF, UGT, CCOO y Ustea, las cuatro organizaciones sindicales que integran la comisión negociadora del VII convenio colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, anuncian ya protestas --concretamente, UGT y CCOO-- por lo que califican de "inaceptable retroceso" de la Junta de Andalucía en la negociación del citado convenio. El actual tiene 25 años. Se aplica a una plantilla que ronda los 25.000 trabajadores.

La ruptura "de manera unilateral" del preacuerdo alcanzado entre las dos partes ha llevado a los sindicatos a "levantarnos de la mesa de negociación" ya que el "paso atrás" dado por la Junta en el presupuesto asociado al VII convenio colectivo, según las cuatro organizaciones, supone "un incumplimiento de los compromisos asumidos y un grave obstáculo para avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal laboral de la Junta de Andalucía".

Aunque, según sus palabras, "no alegan nada" desde la Consejería de Justicia, Administración Pública y Función Pública, "tan sólo que tienen una situación compleja", los sindicatos lo dejan claro en declaraciones a Europa Press: "No vamos a consentir que los empleados públicos paguen el pifiazo del Gobierno andaluz con el cáncer de mama".

Tras un trabajo "arduo y complejo", las partes alcanzaron un preacuerdo con las nuevas bases retributivas, en las que se incluían la evaluación por desempeño, carrera profesional, teletrabajo y trabajo por objetivos, entre otras cuestiones. "Se iba a tocar todo", aclaran las fuentes consultadas, después de 25 años "parcheando" el convenio colectivo vigente.

Que la parte social se haya levantado en bloque de la mesa negociadora del VII convenio colectivo del personal laboral de la Junta deriva del hecho de que los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública hayan anunciado movilizaciones por lo que califican como un "bloqueo injustificable" por parte de la Consejería de Justicia de los "compromisos adquiridos" en materia económica para revisar al alza el sueldo de los trabajadores de la Administración general autonómica--funcionarios y laborales, en torno a 50.000 personas--, de la plantilla de los entes instrumentales --en torno a 25.000-- y del millar de empleados de Justicia.

Desde la Consejería han aclarado que "la negociación con las organizaciones sindicales sigue abierta". "La voluntad es la de seguir manteniendo un diálogo leal y fructífero con las organizaciones sindicales; lo hemos mantenido hasta ahora y lo mantendremos. Seguimos confiando en alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes y con la prioridad de prestar un servicio de calidad a los ciudadanos", han apostillado.

El acuerdo alcanzado entre los sindicatos de la Mesa y la Junta se cifraba en 200 millones de euros desde 2026 a 2030, y no sólo implicaba subidas salariales --sin aplicarse desde 2008-- sino también la recuperación de la llamada acción social para los 270.000 empleados dependientes de la Junta. Los agentes sociales han manifestado a Europa Press que la explicación que dio la Junta el pasado viernes en la Mesa General, cuando estaba previsto firmar el acuerdo después de tres meses de negociación, fue que era necesario destinar "recursos a salud".

La Junta, de hecho, ha anunciado una inversión de más de 100 millones de euros para reforzar los cribados del cáncer de mama, colon y cuello de útero tras la crisis del programa de detección precoz del cáncer de mama. "La mala gestión de la Junta no la podemos pagar los empleados de la Junta", han apuntado los sindicatos. Califican la postura de la Junta, que "hizo imposible" la firma del preacuerdo el pasado viernes 17 de octubre, de "deslealtad".

"Las organizaciones asumieron unas consignaciones presupuestarias al inicio de la negociación y es con ese montante con el que se ha trabajado durante todo este tiempo; sin embargo, a la hora de la firma, la Junta de Andalucía puso reparos y dice que hay que hacer revisión de esas consignaciones. Esto supone un bloqueo injustificable y una deslealtad total a las organizaciones, no es lo que estaba pactado" tras "tres meses de trabajo a destajo para sacar adelante el preacuerdo", han lamentado desde los sindicatos.

El departamento de José Antonio Nieto ha insistido en que "el diálogo y la búsqueda del consenso con las organizaciones sindicales es y ha sido siempre y el modo de trabajar de este Gobierno", y ha puesto como ejemplo la Ley de Función Pública, su desarrollo, el proceso de estabilización de interinos y "todas las medidas avanzadas en materia de Función Pública".

"La Junta --ha reiterado la Consejería-- está inmersa en un proceso de modernización de la Administración pública y para ello cuenta además con una Estrategia de Administración Innovadora, que también es fruto del consenso y el acuerdo con las organizaciones sindicales, que nos obliga a implementar cambios para mejorar y ser más eficientes en el servicio que se presta a la ciudadanía. Desde las organizaciones sindicales hemos venido recibiendo reivindicaciones que siempre hemos tenido presentes y que hemos intentado incorporar. Siempre hemos sido leales en la negociación con las organizaciones sindicales y en línea con las prioridades de este Gobierno en cuanto a derechos básicos como la sanidad, educación y dependencia".