La Oficina andaluza Antifraude cursó 353 investigaciones y recibió 1.268 denuncias en 2025, el 76% desde Sevilla y Cádiz

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) recibió a lo largo del pasado año 2025 un total de 1.268 denuncias sobre "posibles infracciones normativas", de las que 813 --el 64% del total-- se presentaron de forma anónima, y la mayoría procedieron de las provincias de Sevilla --que concentró el 44% del total--, y de Cádiz, de las que llegaron el 32 por ciento de las denuncias. Además, el área de investigación se ocupó de un total de 353 expedientes.

Son datos incluidos en la Memoria anual de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción correspondiente al año 2025, consultada por Europa Press tras su reciente publicación en el boletín oficial del Parlamento andaluz, donde se destaca que, "desde el punto de vista cuantitativo", el canal de la OAAF experimentó en el pasado ejercicio un crecimiento "significativo" en el número de comunicaciones recibidas de un 36% respecto a los 929 expedientes gestionados en el año 2024.

Según precisan desde la Oficina, este aumento en las denuncias "no debe traducirse automáticamente en un incremento proporcional de las irregularidades o prácticas fraudulentas", sino que "debe entenderse más como un fenómeno multifactorial, donde la mayor visibilidad y reconocimiento público de la Oficina, además de un mejor funcionamiento técnico del canal de denuncias, ha podido generar confianza en la ciudadanía que está mostrando una mayor sensibilidad y exigencia de integridad a las administraciones públicas".

"El aumento en el número de infracciones comunicadas debe interpretarse, en gran medida, como una señal positiva. Refleja una mayor confianza de la ciudadanía y los funcionarios públicos en los mecanismos de control, así como una mayor disposición a denunciar posibles irregularidades. En otras palabras, más que un aumento real de la corrupción, estamos ante una mayor voluntad de combatirla", se puede leer en la memoria de 2025.

Desde la Oficina consideran además "significativo" que "aproximadamente la mitad de las comunicaciones de infracciones recibidas, o no han sido admitidas a trámite, o han sido remitidas a las autoridades competentes correspondientes". Concretamente, de las 1.268 denuncias que entraron en la Oficina en el 2025, 540 expedientes pasaron al área de investigación.

EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN

De las 1.268 denuncias que se presentaron en 2025, solamente un 2% --un total de 28 casos-- requirió la apertura de "expedientes de protección" de la persona denunciante, el doble que en 2024, cuando fueron 14.

De esos 28 expedientes de protección, doce afectan a "organismos de la administración local" --ayuntamientos, diputaciones, consorcios--; ocho a entidades de la administración de la Junta de Andalucía --incluyendo centros del sector sanitario y educativo--, dos frente a universidades públicas; cinco frente a otros entes del sector público, y uno vinculado al sector privado.

En cuanto a las conductas alegadas como represalia, consistieron principalmente en "acoso u hostigamiento institucional, traslados forzosos, ceses, incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores y difusión no autorizada de la identidad".

Por otro lado, durante el pasado año 2025, el área de investigación de la Oficina Antifraude se ha ocupado de un total de 353 expedientes, a los que habría que sumar otros 75 sobre los que se han practicado "actuaciones previas", y 49 "en trámites previos a la investigación". De las 353 investigaciones cursadas, 124 se encuentran "en fase de análisis", y 229 llegaron a término en el pasado ejercicio.

Además, en 2025 se resolvieron 22 expedientes sancionadores relativos a infracciones relacionadas con la transparencia y el buen gobierno. De estos expedientes, 18 finalizaron con resolución de no incoación del procedimiento sancionador, tres mediante diligencia de archivo, y uno con resolución sancionadora que posteriormente fue estimada en recurso de reposición.

Las denuncias recibidas por la Oficina en 2025 se concentraron principalmente en torno a tres áreas de competencias relacionadas con la entidad denunciada o con el área o servicio específico de esta.

Así, el ámbito de 'Empleo, Seguridad Social y Función Pública' concentró el 21% de las denuncias --un total de 272--, en relación con "cuestiones de personal". Por detrás se situaron los ámbitos de 'Economía y Hacienda' --con 180 denuncias, el 14%--, y 'Urbanismo y Vivienda', con 169, el 13%.

VALORACIÓN DEL DIRECTOR

Este documento de la Oficina Antifraude incluye un prólogo suscrito por el director del organismo, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que destaca que esta es la primera memoria que se realiza bajo su dirección tras tomar posesión de ese cargo el 17 de julio de 2025, y avanza que "marca el inicio de una nueva etapa caracterizada por la modernización, la eficiencia y el compromiso inquebrantable con la integridad en la gestión pública andaluza".

El director explica que, al asumir dicha responsabilidad al frente de la Oficina, realizó "un análisis exhaustivo de su funcionamiento interno que reveló una realidad que requería actuación inmediata", al constatar "una carga elevada de trabajo en todas las áreas, un volumen considerable de asuntos pendientes de tramitación y la necesidad de modernizar ciertos procedimientos para garantizar una respuesta ágil y eficaz ante las denuncias ciudadanas".

Esta evaluación llevó a Francisco de Paula Sánchez "a la conclusión de que era imprescindible emprender una reforma que dotara a la institución de las herramientas y la estructura necesarias para cumplir con sus objetivos fundamentales", entre los que se incluyen especialmente los de "la prevención del fraude y la promoción de culturas de integridad, buenas prácticas y probidad en las administraciones públicas andaluzas".

El director de la Oficina valora como "el hito más significativo" de este último ejercicio la reforma del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina aprobada por la Mesa del Parlamento andaluz en noviembre de 2025, y en vigor desde entonces, impulsada "personalmente" por él "tras constatar las necesidades reales de la institución", según remarca.

De esta manera, dicha reforma "introduce mejoras técnicas esenciales en varios ámbitos de actuación, como la agilización de procedimientos mediante la eliminación de trámites innecesarios o redundantes que ralentizaban la tramitación de las denuncias, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz ante las solicitudes ciudadanas y las investigaciones en curso", valora el director de la Oficina.

Francisco de Paula Sánchez aprovecha el prólogo de esta memoria para señalar que su visión para la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción "se sustenta en tres pilares fundamentales", entre los que figuran el de concebir la "prevención como prioridad", desde el convencimiento de que, "más allá de la labor sancionadora, la Oficina debe convertirse en un actor proactivo que fomente una cultura de integridad en todas las administraciones públicas andaluzas".

Otros "pilares" por los que apuesta el director para la Oficina son los de la "independencia y profesionalidad", y el "servicio a la ciudadanía", desde la premisa de que este organismo "existe para proteger los intereses públicos y para garantizar que los recursos de todos los andaluces se gestionen con honestidad, eficiencia y transparencia".

"El ejercicio 2025 ha sentado las bases para una nueva etapa", proclama en este escrito el director de la Oficina Antifraude, que sostiene que "las reformas emprendidas comenzarán a dar sus frutos en los próximos años", permitiendo a dicho organismo "cumplir con mayor eficacia su mandato legal" y seguir "siendo un instrumento fundamental para la defensa de los intereses públicos y para la construcción de una cultura de integridad en nuestras administraciones".