El Parlamento actualiza la retribución del Defensor del Pueblo y adjuntos tras la subida aplicada al Gobierno andaluz

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha acordado un incremento de las retribuciones para los altos cargos de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz --que actualmente dirige en funciones Jesús Maeztu-- que deriva de la actualización de las remuneraciones que a principios de este año se ha aplicado a consejeros y viceconsejeros de la Junta teniendo en cuenta la subida asignada a personal del sector público a nivel nacional.

La Mesa del Parlamento aprobó este incremento de retribuciones para los altos cargos del Defensor del Pueblo Andaluz el pasado 18 de febrero, según consta en un acuerdo consultado por Europa Press tras su publicación, esta semana, en el boletín oficial de la Cámara autonómica.

Dicho acuerdo precisa además que para dicho incremento de retribuciones vinculadas a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha acordado una "generación de crédito" con cargo al fondo de remanentes presupuestarios del Parlamento.

Según se recuerda en este documento, las retribuciones del Defensor del Pueblo Andaluz y sus adjuntos quedaron "homologadas a las de las personas titulares de las consejerías y viceconsejerías" de la Junta, respectivamente, mediante acuerdo de la Mesa del Parlamento del 31 de julio de 1996.

Por ello, hay que tener en cuenta que el Gobierno andaluz acordó el pasado mes de enero una subida de sueldo del presidente de la Junta y de altos cargos de la administración autonómica al hilo del incremento retributivo aplicado a los diputados del Parlamento en función del que, a la vez, se acordó por parte del Ejecutivo central para el sector público.

Y es que las retribuciones del presidente de la Junta se ajustan en función del sueldo de los portavoces de los grupos parlamentarios, con una minoración del 5 por ciento respecto del de dichos diputados, y las de los consejeros se determinan también en función de lo que cobra el jefe del Ejecutivo.

TRAS LA SUBIDA DE SUELDOS EN EL SECTOR PÚBLICO

De esta manera, los sueldos de altos cargos del Gobierno andaluz se actualizaron tras la aprobación, a nivel nacional, del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que acordó un "incremento retributivo aplicable al personal al servicio del sector público para los años 2025 y 2026".

Concretamente, dicho Real Decreto-ley determinó "un incremento consolidable del 2,5 por ciento para 2025 respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024", así como un "incremento global máximo del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento retributivo aprobado en dicho real decreto-ley".

Esta disposición fue de aplicación a las retribuciones de los portavoces de grupos parlamentarios, que se vieron así incrementadas en el porcentaje referido, de ahí que desde la Junta considerasen que era "preciso" que el Gobierno andaluz actualizase los sueldos de sus referidos altos cargos "en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 bis, apartado 6, de la Ley 3/2005, de 8 de abril", de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos.

De esta manera, la retribución anual del titular de la institución del Defensor del Pueblo se equipara a la de un consejero, que para este año 2026 asciende, en términos anuales, a 88.059,44 euros, mientras que la de los adjuntos se actualizan al nivel del importe asignado a los viceconsejeros y altos cargos asimilados, que se cifra en 83.448,96 euros anuales para el actual ejercicio.

Esta "homologación y actualización" de las retribuciones del titular de la institución y de las personas titulares de las Adjuntías no se había contemplado en el presupuesto de 2026 del programa presupuestario del Defensor del Pueblo Andaluz, aprobado por la Mesa del Parlamento el 8 de octubre de 2025, "habida cuenta de las fechas de aprobación posteriores de la normativa de las que deriva su aplicación".

Por ello, la "asunción del pago" de las referidas retribuciones ha ocasionado "un déficit presupuestario totalmente imprevisto y de carácter excepcional", según detalla el acuerdo de la Mesa del Parlamento del pasado 18 de febrero, en el que se aclara que, para "hacer efectiva" esa actualización de remuneraciones, se ha precisado "una generación de créditos por importe de 16.705 euros", que el propio órgano de gobierno de la Cámara ha autorizado "con cargo al Fondo de remanentes" presupuestarios.