SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este jueves, con los votos a favor de los cinco grupos de la Cámara --PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox-- el Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, para garantizar los pagos y el mantenimiento del empleo para las empresas y para los trabajadores que prestaban servicios en los distintos ámbitos de la Administración que se han visto afectados por el cierre total o parcial de dependencias de la Junta o sus entidades instrumentales o consorcios adscritos, o de las medidas adoptadas para la contención del coronavirus Covid-19.
En concreto, el decreto convalidado --que se ha debatido en el Salón de Plenos del Parlamento para garantizar la distancia de seguridad entre los diputados participantes-- modifica el Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, y de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (Covid-19).
En defensa del decreto, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha precisado que dicha reforma refuerza las medidas de mantenimiento del empleo en el ámbito de la contratación del sector público andaluz y adapta el régimen establecido por el Estado mediante el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, modificado luego por la disposición final primera del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo.
Bravo ha expuesto que dicho Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, "estableció medidas más restrictivas que la norma autonómica", por lo que el Gobierno de la Junta se puso en contacto con las autoridades estatales, que supo "rectificar" en el caso concreto que aborda el decreto ahora convalidado, que "modula y complementa la legislación básica estatal", según ha subrayado.
Y es que, según señaló la Junta cuando se aprobó el Decreto-ley 7/2020, la normativa estatal ofrecía soluciones jurídicas diferentes para un mismo supuesto y generaba que el artículo relativo a medidas para el mantenimiento del empleo aprobado por el Gobierno andaluz resultara inaplicable, y esta situación de "incertidumbre jurídica" podría "provocar un grave perjuicio para empresas y trabajadores".
Según la Junta, sólo en el sector educativo, la medida aprobada por el Gobierno andaluz en este decreto permitirá el mantenimiento de unos 30.000 puestos de trabajo vinculados a la prestación de servicios educativos auxiliares.
En concreto, la nueva redacción señala que en los contratos públicos de servicios de tracto sucesivo, incluidos los contratos de seguridad, limpieza y de mantenimiento de sistemas informáticos, siempre que, como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de dependencias de la Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o consorcios adscritos, o de las medidas adoptadas para la contención del Covid-19, no fuera posible continuar con la normal ejecución de los mismos, tal circunstancia constituirá causa de suspensión de la ejecución de acuerdo con lo que establece el artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.
En ese caso, la administración o entidad contratante podrá declarar la suspensión total o parcial de estos contratos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse a instancia del contratista o de oficio. Si a causa de las medidas adoptadas se produce una reducción de las prestaciones objeto del contrato, el órgano de contratación podrá determinar las prestaciones que se siguen realizando y, si aprecia la conveniencia de suspender las prestaciones por razones de salud pública y minimización de riesgo de los trabajadores, acordará la suspensión total.
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
No obstante, dicha suspensión de los contratos comportará en todos los casos el abono al contratista, por parte de la Administración o entidad contratante, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de suspensión, y el órgano de contratación podrá acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos por causa del Covid-19, con la misma periodicidad que para cada contrato se establezca en los correspondientes pliegos o documentos contractuales.
El consejero ha defendido así que el "fin último" de este decreto es lograr "el mantenimiento del empleo vinculado a dichos contratos" de empresas que prestan servicios a la Junta, y que las firmas contratistas "no se vean afectadas por el cierre de la administración" autonómica y eso repercuta, en consecuencia, en sus trabajadores.
RESPALDO UNÁNIME DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Juan Pablo Durán, ha defendido que los socialistas iban a actuar con "lealtad" apoyando la convalidación de este decreto, si bien ha manifestado que el origen del mismo se debe a una "equivocación" del Gobierno andaluz que ha obligado a modificar el Decreto-ley 3/2020 y que ha significado "gravísimos problemas para muchos trabajadores", según ha advertido.
En esa línea, ha acusado al Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de haber antepuesto "la confrontación" con el Gobierno central de Pedro Sánchez y hacer ver que "lo hacían mejor" que éste, cuando "no es verdad". No obstante, ha insistido en defender que el PSOE-A actúa con lealtad al apoyar la convalidación de este decreto "aun sabiendo que las cosas se pueden hacer mejor" por parte de la Junta.
En representación del PP-A, su secretaria general, Loles López, ha atribuido al consejero de Hacienda el "acierto" que supone este decreto para "garantizar los puestos de trabajo de empresas que prestan servicio al sector público", y ha defendido que "el objetivo al final es sostener la economía", así como ha resaltado que, con esta reforma, la Junta garantiza "a miles de familias que, cuando esto --la crisis sanitaria del coronavirus-- pase, su puesto de trabajo les está esperando".
El parlamentario de Ciudadanos (Cs) Julio Díaz ha manifestado que el decreto objeto de debate es "un instrumento más que pone en marcha la Junta para asegurar el buen funcionamiento de la administración y de los servicios públicos", y en esa línea ha valorado que Andalucía cuenta con
un gobierno "sólido y solvente que está actuando siempre desde la responsabilidad, con transparencia, en coordinación con las administraciones, con lealtad institucional y con solidaridad interterritorial".
Desde Adelante Andalucía, su portavoz adjunto José Ignacio García ha defendido su voto a favor a la convalidación del decreto agradeciendo al consejero de Hacienda su "papel, esfuerzo, comunicación y colaboración" con el asunto objeto del decreto, con el que "hemos logrado paralizar algunos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)", si bien ha reclamado al Gobierno andaluz que sea "vigilante para que no haya ningún abuso" en forma de "despidos o ERTEs en las empresas" que se benefician del decreto.
Finalmente, por parte de Vox, el diputado Manuel Gavira ha defendido que el decreto convalidado este jueves es "un paso más para intentar que la actividad económica y el empleo de las empresas que contratan con la administración se mantenga", y por eso lo apoya su grupo, que, no obstante, ha matizado que "quizá se podría ser más amplio de miras" en los casos a contemplar en el decreto, "pero el Gobierno de la nación nos tiene con un puñal en el cuello y queremos ser responsables", ha apostillado.
