SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
UGT, CSIF y CCOO han comparecido esta tarde en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en el Parlamento para valorar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023, y mientras que el primero asegura que estas cuentas "no están diseñadas para cubrir unas necesidades sociales de los andaluces", el segundo niega que "refuercen" los servicios públicos y denuncia "carencias estructurales" en sanidad y educación. Por su parte, CCOO señala que "es necesario conformar una cuentas públicas que ordenen y prioricen la recuperación económica".
Así, el secretario de Institucional de UGT Andalucía, Óskar Martín, ha manifestado que "los presupuestos andaluces carecen de una perspectiva social. No están programados, ni diseñados, para cubrir unas necesidades sociales que van a ir en aumento, si la situación económica no mejora ni suben los salarios. Un claro ejemplo de ello es que el epicentro de la política presupuestaria gira en torno a la reducción de impuestos, algo que consideramos contrapuesto a la posible prestación de unos servicios públicos de calidad".
Ha apuntado que "se hace más necesario que nunca una política presupuestaria que apueste por el desarrollo socioeconómico y por la convergencia real con los territorios más desarrollados de la Unión Europea". Ha subrayado que "venimos de unos presupuestos prorrogados elaborados en un escenario económico, social e incluso geopolítico muy distinto al que tenemos ahora". En este sentido, desde UGT Andalucía "entendemos que hemos perdido dos años que, a nuestro juicio, han sido claves para afrontar esta nueva crisis".
Por ello, le pedimos al Gobierno andaluz que "implemente políticas en beneficio de todos los andaluces. Políticas que, desgraciadamente, no son las que han presentado en estos presupuestos. Ya sea por falta de fe en la participación institucional o por la posición de fuerza que otorga la mayoría absoluta, lo cierto es que el Ejecutivo andaluz ha perdido una gran oportunidad de negociar, con los agentes sociales, unos Presupuestos sociales que sirvieran para atajar la desigualdad existente en nuestra tierra".
Desde UGT-A consideran prioritario "apostar más que nunca por la defensa y reforzamiento del estado del bienestar y de lo público". "Estamos convencidos de que, sin unas administraciones públicas fuertes, el panorama de crisis actual inflacionista que sufren los ciudadanos y ciudadanas va a ser muchísimo más dramático, sobre todo para aquellos colectivos y grupos de ciudadanos con menos recursos económicos, aquellos más vulnerables y que parecen ser los grandes olvidados por el Gobierno andaluz", ha lamentado.
Por tanto, "estas cuentas caminan en el sentido opuesto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Un claro ejemplo de ello es que el epicentro de la política presupuestaria gira en torno a la reducción de impuestos, algo que consideramos contrapuesto a la posible prestación de unos servicios públicos de calidad".
Por su parte, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela,
ha negado que los presupuestos sirvan para fortalecer los servicios públicos básicos en nuestra comunidad y ha cifrado en 45.000 el déficit de efectivos que hay en los sectores de sanidad, educación, justicia y administración general de la Junta. Asimismo, ha subrayado que las cuentas andaluzas "no recogen la presunta apuesta firme por lo público de la que el Gobierno andaluz hace gala".
En este sentido, según nota de prensa, se ha referido al "descenso en 16.000 efectivos de la sanidad" si se compara la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del SAS con la plantilla media del año 2021, al tiempo que ha cifrado en 12.000 profesionales el déficit de la enseñanza pública para una educación de calidad en los centros públicos de la región. Además, ha rechazado las externalizaciones de servicios que se producen en ambos ámbitos.
Además, el presidente de CSIF-A ha denunciado "carencias estructurales" en todos los ámbitos de los servicios públicos mencionados y ha apuntado que el sindicato reclama "que el personal de la sanidad se valore y reconozca, que los docentes puedan dar clases en aulas con una ratio razonable que permita una mejor atención a la diversidad, que la Justicia se preste en sedes dignas y con el suficiente personal y que en la Administración General de la Junta no se tarden 18 meses en tramitar la resolución de un expediente para la concesión de la dependencia", ha ejemplificado.
Girela ha recordado la "pérdida" de poder adquisitivo que han sufrido en la última década los empleados públicos y que "supera el 20%", al tiempo que ha rechazado la subida salarial para el sector público pactada entre la Administración central y los sindicatos de clase --de un 2,5% + 1% vinculado al IPC y al PIB en 2023-- "puesto que no reconoce ni su labor realizada frente a la pandemia, ni avanza en la recuperación de una importante pérdida de poder adquisitivo que el colectivo lleva acumulada durante los últimos doce años".
En este sentido, CSIF-A ha solicitado a la Administración andaluza un "esfuerzo extra" que permita a empleados públicos iniciar la senda de recuperación del poder adquisitivo, y ha recordado a la Administración andaluza que sigue pendiente de agendar el abono de los tramos autonómicos de las pagas extras de 2013 y 2014.
Desde CCOO, la secretaria de Institucional y Comunicación, Nuria Martínez, ha señalado que "es necesario conformar una cuentas públicas que ordenen y prioricen la recuperación económica para materializar la transformación de Andalucía que redunde en mayores cuotas de progreso, igualdad y justicia social".
Martínez ha señalado que las previsiones sobre el escenario macroecónomico "son tildadas como optimistas", y a los ciudadanos "nos gusta el optimismo pero no el idealismos". "No vale aludir constantemente al momento de incertidumbre porque esta paraliza, pero afrontar los riegos y retos supone avance", por lo que "son imprescindibles unos presupuestos valientes".
Ha dicho que "además de no compartir las rebajas fiscales, echan de menos implantar la tasa turística en Andalucía", al tiempo que ha apuntado que estamos antes los presupuestos con "mayor inversión pública", pero "sustentada en los recursos procedentes de Europa" que debe servir "para avanzar en el cambio de modelo productivo".
Ha criticado que el presupuesto de sanidad "no alcanza el 7,4% del PIB", lo que "es una distorsión de la realidad ya que está inflado por privatizaciones, derivaciones a la sanidad privada y el gasto farmacéutico descontrolado". Además, "se invierte tres veces menos en atención primaria que en hospitalaria" y nos parece "imprescindible el mantenimiento de las contrataciones de los 12.000 sanitarios".
Y en educación, ha lamentado que "un 11% se dedica a conciertos, aumentando en más de 76 millones con respecto a 2021" y "olvidándose del necesario refuerzo de lo público. Además, ha aludido al "desmantelamiento progresivo" de la RTVA.
ISA DENUNCIA DIEZ AÑOS DE RECORTES DE DERECHOS EN LA JUNTA
Por último, el sindicato Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha denunciado en el Parlamento "más de una década de recortes continuos de derechos, sueldos y plantilla" de la Junta de Andalucía, y ha pedido que se reparen en los Presupuestos de 2023. "Hay que recuperar el empleo perdido", es "fundamental para avanzar en calidad y eficacia de los servicios públicos".
La secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna, ha recordado que pese a tener unos presupuestos expansivos siguen sin recuperarse derechos sociales, continúan pendientes las pagas adicionales de 2013 y 14 y la plantilla está en un "adelgazamiento permanente" desde 2008.
