Los taxistas recurren el auto que autoriza a los VTC a transitar por el casco histórico de Córdoba

Parada de taxis junto a la Mezquita
Europa Press/Archivo
Publicado 13/12/2018 18:18:30CET

CÓRDOBA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Autacor) ha decidido recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el auto judicial que permite el acceso a las zonas restringidas de tráfico (Acire) del casco histórico a los vehículos con licencia VTC.

Según ha informado Autacor, la empresa Ares Capital, que controla la totalidad de las licencias VTC autorizadas en Córdoba, "no acredita ni cuantifica ante el juzgado los hipotéticos perjuicios económicos millonarios" que ha alegado sufrir cuando, según se argumenta en el escrito, "no tienen clientes suficientes en Córdoba que lo justifique".

El citado auto judicial "podría tener como consecuencia el acceso a las zonas Acire, no solo a Ares Capital, sino al resto de los 1.857 vehículos con licencia VTC existentes actualmente en Andalucía, aunque esta cifra podría ascender hasta los 2.500, una vez resueltos los recursos interpuestos en los diferentes tribunales".

También podría afectar al resto de los 8.516 taxis de la comunidad autónoma, "lo que podría producir un caos regulatorio de la movilidad en un entorno protegido como es el casco histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por su alto valor cultural y arquitectónico".

En este sentido, el colectivo mayoritario de los taxistas cordobeses sostiene ante el TSJA que las zonas Acire fueron establecidas "con el objetivo de proteger el área Patrimonio de la Humanidad", y por eso en las mismas solo se permite "el tránsito de los servicios públicos" y a los vecinos, estando "sujetas a una política de peatonalización en los enclaves históricos de mayor relevancia, como es el caso del entorno de la Mezquita-Catedral".

En sus alegaciones, Autacor subraya "la defensa del interés general" que alienta sus actuaciones, frente a "la explotación privada del casco histórico por parte de las multinacionales, que amenazan la pervivencia de un servicio público como es el taxi".