GRANADA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Carataunas (Granada) aceptó hoy ser el responsable de expedir licencia de obras a un matrimonio británico para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable y de especial protección en una parcela que les vendió su esposa, después de que la Fiscalía rebajara su petición inicial de cuatro años y medio de prisión a una multa de 2.520 euros, pena con la que la defensa mostró su conformidad.
El Ministerio Público ha retirado además su acusación contra la mujer del procesado y el matrimonio comprador, que se enfrentaban en un primer momento a nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 4.320 euros por un delito contra la ordenación del territorio.
Según la modificación propuesta en el relato de hechos de la Fiscalía, Angustias M.A. y los dos ciudadanos ingleses "desconocían por completo" que el lugar en el que se iba a llevar a cabo la construcción tenía la consideración legal mencionada y "por tanto eran completamente ajenos a la ilicitud de la conducta", por lo que no deberán demoler la vivienda.
La fiscal considera que el arquitecto, Justo M.V., sí fue autor de un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, por los que tendrá que pagar la multa y someterse a inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico con servicio a la administración durante un periodo de siete años.
El inculpado ha visto significativamente rebajada su pena, ya que inicialmente estaba acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio y de otro de falsedad documental, por lo que además de cárcel también tendría que plantar cara al abono de una multa de 6.480 euros e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por de nueve años.
El acuerdo entre la Fiscalía y la defensa ha evitado así la celebración del juicio, que estaba hoy previsto en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, por unos hechos que se remontan a 2003, cuando la mujer de Justo acordó con su marido poner en venta parte de una finca de su propiedad, interesándose en la compra los dos ciudadanos de nacionalidad británica.
Tras llevar a cabo las negociaciones de la venta Justo M.V. hizo un contrato de compraventa, con fecha de 22 de mayo de 2003, en el que la propietaria de la parcela se comprometía a la construcción de una nave agrícola en la misma.
LICENCIA PARA CONSTRUIR LA NAVE
Para cumplir con este asunto, según el fiscal, Justo M.V. efectuó "a sabiendas de su falsedad" un informe en el que hacía constar que la finca podía segregarse en parcelas no inferiores a 5.000 metros cuadrados y en base a este documento le fue concedido por parte del Ayuntamiento de Carataunas la licencia necesaria para construir la citada nave, tal y como se haría luego.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2003, las partes formalizaron ante notario la escritura de segregación y la venta de la parcela a los dos ciudadanos británicos, que ya en la notaría transmitieron a Justo M.V. su intención de construir una vivienda en la nave agrícola, manifestándoles el arquitecto municipal que "transcurridos cuatro años el Ayuntamiento no podía hacer nada".
De hecho, los compradores de la parcela transformaron la nave en una vivienda unifamiliar de 80 metros cuadrados con zona de recreo, caseta de aperos y una piscina con una superficie de 6 por 3 metros cuadrados, obras que no se pueden legalizar por encontrarse a una distancia inferior a dos kilómetros del núcleo de población.
El fiscal considera que el arquitecto municipal concedió las licencias necesarias a los compradores a "sabiendas" de que estaban edificando una vivienda y no una nave agrícola y de que ya habían recibido informes negativos anteriores por parte de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio.
