UGT-A rechaza el cambio en el reglamento de suelos contaminados por "poner en riesgo el medio ambiente y la salud"

Suelos contaminados.

- UGT ANDALUCIA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha presentado este viernes alegaciones para manifestar su "rotundo rechazo a la propuesta de la Junta de Andalucía para modificar el Reglamento de suelos contaminados (Decreto 18/2015, de 27 de enero) que, según el sindicato, "pone en riesgo el medio ambiente y la salud de los andaluces". Según UGT Andalucía, el Gobierno andaluz impulsa esta reforma "al margen del diálogo social para favorecer los intereses de las empresas por encima de la salud de la ciudadanía, la protección del medio ambiente y la generación de empleo decente". Por ello, ha exigido la retirada inmediata de la modificación.

Desde la Consejería de Sostenibilidad explican a preguntas de Europa Press que "por sentencia del Tribunal Constitucional, se declararon nulos determinados artículos del Decreto-ley 2/2020, entre ellos un artículo que modificaba el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el régimen aplicable a los suelos contaminados. La anulación se produjo porque en teoría había falta de justificación de la urgente necesidad que debe imperar para la habilitación al poder ejecutivo de emisión de una disposición mediante decreto-ley. Con la tramitación que estamos llevando a cabo ahora mismo lo que se hace es tramitar mediante modificación del Decreto el artículo que se había aprobado en el Decreto ley. No se incorpora nada nuevo".

Desde UGT explican en una nota de prensa, sin embargo, que "la medida pretende permitir el uso de la técnica de confinamiento 'in situ' en proyectos de recuperación voluntaria, una práctica que no elimina los contaminantes sino que los entierra, manteniendo durante años el riesgo de filtración de metales pesados, hidrocarburos y compuestos tóxicos hacia acuíferos y suelos colindantes. Se trata de una decisión puramente cortoplacista que traslada los costes a las generaciones futuras y debilita el derecho de la población andaluza a un entorno seguro y saludable".

Igualmente, UGT califica de "grave" la forma en que la Junta intenta sacar adelante esta modificación, ya que lo hace, según sus palabras, "a espaldas de las mesas de negociación del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, mientras mantiene abiertas conversaciones con los agentes sociales y económicos para una Ley de Gestión Ambiental de Andalucía que incluye un capítulo específico sobre la calidad del suelo y donde nunca se ha planteado alterar el actual Reglamento de Suelos Contaminados".

"La normativa vigente, reforzada tras la Sentencia 40/2025 del Tribunal Constitucional, establece con claridad que las recuperaciones voluntarias no pueden contemplar la técnica de confinamiento in situ, garantizando que los proyectos se realicen con técnicas de descontaminación real como la biorremediación o el tratamiento químico y térmico. Estas técnicas, además de proteger la salud y el entorno, generan empleo verde cualificado, impulsando la economía del conocimiento y la transición ecológica", han argumentado desde la central sindical.

El borrador de la Junta introduce, según UGT, un elemento "especialmente peligroso", al "aquiparar los criterios económicos a los técnicos y ambientales para autorizar la excepción, lo que significa que el coste empresarial podría imponerse sobre la seguridad de las personas y del medio ambiente". Esta "mercantilización del riesgo" contradice los compromisos de España y Andalucía con la normativa europea de suelos, agua y residuos, así como con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

Por último, el sindicato ha criticado que "esta reforma debilita el marco normativo andaluz, históricamente más garantista que el estatal" y alerta de que la técnica de confinamiento 'in situ' sólo debe usarse en casos excepcionales de suelos oficialmente declarados contaminados y bajo control público, "nunca en procesos voluntarios impulsados por intereses privados". "Relajar esta exigencia supone abrir la puerta a una gestión opaca y a la desprotección de bienes comunes como el agua y la tierra", sentencia.