Acreedores de Contsa presentan en este mes al juez el convenio para evitar liquidación y critican a los administradores

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de acreedores de Contsa Corporación Empresarial --empresa declarada en suspensión de pagos--, que el pasado 22 de mayo presentaron ante notario un convenio voluntario con el que pretenden evitar la liquidación de la empresa, esperan recabar los apoyos en dos o tres semanas y poder presentar a finales de este mes o inicios de julio el convenio ante la juez del Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla, ante lo que criticaron la actitud de los administradores concursales "que están actuando abocados a esa liquidación".

Según indicó el abogado Javier Loscertales, uno de los promotores de esta iniciativa y afectado por la presunta estafa y suspensión de pagos, en este convenio voluntario inicialmente participaron 150 acreedores ordinarios y actualmente, una vez presentado el acuerdo ante notario, el convenio ya ha sido suscrito unos 350 acreedores, que suman unos 30 millones de euros adeudados, por lo que es necesario llegar a 47 millones de euros, que supondrían el 50 por ciento de los créditos adeudados a los acreedores ordinarios.

Loscertales recordó que este convenio, de carácter gratuito para los acreedores que se quieran adherir al mismo, contempla un plan de viabilidad donde una sociedad anónima, Unión de Acreedores de Contsa SA --ya constituida-- formada por los propios acreedores, sería la que gestionara los activos para poder "recuperar al menos el 50 por ciento de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa".

Aseguró que en cinco años "seríamos capaces de poner en valor todos los activos de la sociedad, desarrollar el valor potencial de los activos de la sociedad, proteger el valor de los activos, evitar la pérdida de activos por acciones judiciales por impago de cuotas hipotecarias, generar ingresos de los activos y aportar caja al patrimonio actual de la sociedad, y venta ordenada de los activos inmobiliarios de la sociedad para que alcancen su mayor valor en el mercado.

De esta forma, además de poner en valor los activos, Loscertales destacó que si se termina la construcción de los inmuebles de la sociedad que están pendientes de finalización en Sevilla, Almonte (Huelva) y La Palma del Condado (Huelva), se pasarían de 52 a 101 inmuebles.

Asimismo, Loscertales, quien estima que la juez podría pronunciarse sobre el convenio en septiembre si éste se presenta a finales de mes o inicios de julio, se mostró dispuesto a emprender en esos cinco años que dure el convenio las acciones judiciales necesarias "para atraer a la sociedad los bienes que en su momento salieron de la misma".

De esta forma, según resaltó Loscertales, "serían los propios acreedores los que convocarían una junta de accionistas para nombrar un consejo de administración formado por los propios acreedores, a través de la sociedad Unión de Acreedores de Contsa SA.

Añadió que para ello, negociaron con el dueño de Contsa, José Salas Burzón, actualmente en prisión, quien se ha comprometido a ceder sus derechos de uso y disfrute de la sociedad, de forma que serán los acreedores los que podrán gestionar la empresa en usufructo "aunque Salas deberá pagarnos el otro 50 por ciento de nuestra inversión realizada si quisiera recuperar su empresa".

"Hemos hecho nuestras cuentas y nos salen los números, incluso tomando las cifras que dan los administradores concursales en su informe", agregó Loscertales, quien precisó que este informe de la administración concursal contempla un pasivo de 115 millones y unos activos financieros de 27 millones de euros. No obstante, precisó que los bienes inmuebles suman 24,9 millones y los activos financieros suman 26 millones, por lo que "realmente el acumulado de activos de la sociedad asciende a 51,7 millones de euros".

Asimismo, demandó la colaboración de los administradores concursales y de la juez para que esta propuesta salga adelante "y así evitar la liquidación de la sociedad, por el que los acreedores recuperamos muy poco de nuestro capital invertido, apenas un uno o dos por ciento como mucho".

ACTITUD DE LOS ADMINISTRADORES

En ese sentido, reconoció su temor por que los administradores concursales "se van a oponer" a este convenio y criticó la actitud "negativa" y la actuación de los tres administradores "que están por liquidar y actúan abocados a la liquidación de la empresa, pero que pueden cobrar cada uno 1,5 millones de euros, cantidad que ascendería a 7,5 millones de euros entre los tres si se prorrogaran los plazos que acabarían en liquidación".

"No entendemos esa obsesión por dejar a la empresa limpia de polvo y paja y lista para la subasta y venta de activos", agregó Loscertales, quien contrapuso a esa situación el hecho de que, si prosperara el convenio voluntario, estos administradores concursales no percibirán el 100 por cien de sus honorarios, al no completarse el proceso.

En ese sentido, anunció que ejercerán acciones legales y pedirán a la juez información sobre la actuación de los administradores concursales "que en este tiempo sólo han vendido un solo inmueble, para pagar salarios a sus trabajadores y ya cobraron un 20 por ciento de sus emolumentos y no han puesto inmuebles en alquiler".

Asimismo, lamentó que "no hayan empleado los 3,3 millones de euros que la empresa tiene en caja para pagar deudas pendientes de pagos y ponerlas al día". Por el contrario, destacó que se ha ganado los pleitos a La Caixa por la pignoración de acciones, valorado en 2,5 millones y también prevén ganar un proceso similar a Banesto, de forma que "podríamos alcanzar una caja de seis millones de euros, que permitirá pagar las deudas a largo plazo y poner al día los pagos".

La liquidación "apresurada" por parte de los administradores concursales podría presentarse a finales de este mes, aunque podría desarrollarse durante un año y supondría "el mayor negocio en una empresa inmobiliaria de los últimos tiempos, donde los activos están por debajo del valor del mercado y los inmuebles se subastarían a la baja".

"Se trata de un problema económico de los acreedores, pero también de un grave problema social, pues de los 94 millones de euros que suman los 1.600 acreedores ordinarios, 47 millones son ostentados por 271 personas, mientras que los otros 47 millones se reparten entre 1.300 pequeños acreedores", agregó Loscertales, quien se mostró seguro de que "los propios acreedores somos capaces de gestionar la empresa, por lo que pedimos a la juez que nos dé esa oportunidad y no permita la liquidación", aseveraron las fuentes.

CONTENIDO DEL CONVENIO

De esta forma, dicho convenio contemplaría pagar el cien por cien del importe de los créditos privilegiados, el 50 por ciento del pago de los créditos ordinarios y el uno por ciento del importe de los créditos subordinados. En el caso de los acreedores ordinarios, se daría un año de carencia, se pagaría el cinco por ciento del importe total en el segundo año, el 10 por ciento en el tercer año, el 15 por ciento en el cuarto año y el 20 por ciento del importe total al término del quinto año.

Contsa se declaró en suspensión de pagos en febrero de 2008 ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes. El presidente de Contsa, José Salas, sigue en prisión por supuestos delitos que dejaron a su entidad con un déficit de 86.821.935,62 euros.