SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace consideró hoy que "el sistema de las desaladoras es perverso, especialmente si, como ya ha pasado en otras ocasiones a lo largo de la costa mediterránea, esconde operaciones ocultas de especulación urbanística".
El responsable de la campaña del agua de Greenpeace, Julio Varela, criticó este método de obtención de agua a raíz del acuerdo suscrito hoy entre la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Almería, Acuamed y la Mancomunidad del Bajo Andarax para la puesta en funcionamiento de la planta desaladora de Almería a finales de verano.
En declaraciones a Europa Press, Varela explicó que temen que, detrás de la desaladora, "se genere un sistema de explotación, consumo y gasto desmesurado que traiga consigo casos de especulación con el suelo".
No obstante, admitió que no pueden estar "totalmente en contra de las desaladoras, siempre y cuando se utilicen en ellas energías renovables, porque hay ocasiones en las que son necesarias y la única y última medida a tomar". Caso que, según el ecologista, no es el de la provincia almeriense, donde "se debería optar por incrementar el ahorro del agua y la racionalización de recursos", precisó.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Asimismo, afirmó que la construcción y puesta en marcha de esta desaladora tendrá un impacto ambiental "muy negativo", por una parte, para el propio mar, al que el sistema de la desaladora devuelve aquellas aguas que no se han podido tratar y que, por tanto, contienen un alto nivel de salmuera, algo negativo para la vegetación acuática, ya que los cambios de salinidad en los mares destruyen a la posidonia oceánica, una planta muy importante para el ecosistema marino porque evita la erosión y ayuda a mantener el equilibrio biológico en las aguas", insistió.
Por otra parte, Varela también abogó por realizar una "valoración profunda y exhaustiva de las necesidades hídricas" de cada provincia, así como de cada sector económico, sobre todo, indicó, "cuando el 80 por ciento del agua potable en España se destina a la agricultura".
