SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El desahucio que se cierne sobre las once familias que viven en VPO del barrio sevillano de Palmete, en regimen de alquiler con derecho a compra, ha llegado este jueves al Pleno del Parlamento andaluz. Se trata después de un bloque de pisos ubicado en la calle Verdad que fue adjudicado a un fondo de inversión a través de un banco. En este sentido, mientras Por Andalucía culpa a la Junta por su "desatención" con esas familias, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, destaca que, "cumpliendo con nuestra obligación, al ser viviendas protegidas, solicitamos información al juzgado número 8 de Sevilla para conocer el expediente".
El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez ha lamentado al respecto que esas familias se puedan enfrentar a un desahucio "por un desbarajuste que existe con esa maravillosa regulación del mercado de la vivienda que ustedes defienden, que ha terminado con una vivienda que su promotor quebró y acaba siendo propiedad de un banco".
"Primero pagaron a los promotores y luego, los tribunales le requirieron durante dos años que pagasen el alquiler al juzgado, y durante todo ese tiempo no han tenido información de quién era la propiedad de esa vivienda: han desatendido su obligación", ha añadido el diputado de Por Andalucía. "Y ahora que la gente está empezando a movilizarse, --el sábado 14 de febrero hay una manifestación impulsada por Barrios Hartos que concluirá a las puertas de la Consejería de Fomento--, me va a decir que es cuando ha pedido la información y están haciendo su trabajo".
La consejera de Fomento, que ha mostrado su "absoluta solidaridad" con las familias afectadas, ha subrayado que en su departamento no ha tenido "en ningún momento" información de esta compra, "ni de las personas que la habitan ni por parte de los compradores". A partir de ahí, "nosotros, por supuesto, que no cerramos los ojos y somos plenamente conscientes de que tenemos que solicitar información al juzgado para conocer qué es lo que está pasando y proteger los derechos de las personas que viven en esas viviendas".
DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO
Desde el grupo municipal de Podemos se ha pedido en reiteradas ocasiones que en caso de que no sea posible que Emvisesa incorpore las viviendas en cuestión a su parque público, el Ayuntamiento exija a la Junta de Andalucía que ejerza de forma inmediata su derecho de tanteo y retracto.
Desde Podemos Sevilla subrayan que la operación se realizó "incumpliendo la Ley Andaluza de Tanteo y Retracto, que obliga a comunicar este tipo de transmisiones para permitir la intervención de las administraciones públicas".
Asimismo, señalan desde la formación morada, que esa cuestión "permitió que el edificio completo se adjudicara por poco más de 500.000 euros, una cantidad muy inferior a su valor real y a su función social como promoción de vivienda protegida".