Antonio Fernández reitera que no puede ser investigado por más ayudas de los ERE tras ser procesado

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha comparecido nuevamente este jueves ante la juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, y ha reiterado que no puede ser investigado ni enjuiciado en relación a más ayudas de los ERE tras haber sido procesado junto a otros 25 ex altos cargos en la pieza separada del procedimiento específico.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el exconsejero ha comparecido este jueves ante la magistrada para declarar como investigado por dos ayudas de los ERE, en concreto una de 180.304 euros concedida a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 y otra de 60.101,21 euros dada al Ayuntamiento de Camas (Sevilla).

Las mismas fuentes consultadas han indicado que, al comienzo de las comparecencias, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, ha pedido la suspensión de las mismas al reiterar que, tras ser procesado, su patrocinado no puede ser investigado ni enjuiciado por más ayudas de los ERE al tratarse de los mismos hechos.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de acusaciones presentes en la declaración se han opuesto a la petición del letrado de Antonio Fernández, no obstante lo cual la juez ha accedido a suspender ambas comparecencias para responder por escrito al planteamiento del abogado.

El pasado 14 de junio, y por estos mismos motivos, la magistrada ya suspendió la declaración como investigado del exconsejero por la ayuda de 30.050,71 euros que concedió en 2003 la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) para la II Feria de Muestras y Artesanías.

EL ESCRITO DEL EXCONSEJERO

Antonio Fernández ha pedido a la juez que, tras ser procesado en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos, sea "apartado" de "todas y cada una de las investigaciones que sobre ayudas sociolaborales o directas a empresas se acordó desarrollar y están iniciadas".

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero de Empleo solicita además a la magistrada que su patrocinado no sea incluido en ninguna de las nuevas piezas o diligencias que en el futuro pudieran incoarse.

Hay que recordar que, en un auto dictado el pasado 31 de mayo, el juez Álvaro Martín procesó en la pieza del procedimiento específico de los ERE a 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el propio Antonio Fernández y los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

A juicio del letrado, Antonio Fernández, "como aquellas personas en su misma situación, no puede ser investigado ni puede ser enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento".

El abogado considera que "la lógica" de la división en piezas del caso ERE acordada en julio de 2015 por la juez Núñez "pasaba por examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el procedimiento específico y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo", pero opina que el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo "tiene como uno de sus primordiales efectos el de vaciar de contenido y dejar sin efecto aquella proyectada división".

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

Y es que, según expone, el auto del juez Álvaro Martín "deja definitivamente delimitado desde la perspectiva objetiva dicho procedimiento en términos de alejarse de aquella delimitación tal y como fue inicialmente concebida", pues pasa de investigar un presunto delito de prevaricación a indagar también una malversación de caudales públicos.

De este modo, el auto de 31 de mayo "desborda netamente" aquella delimitación que se ceñía a la "eventual naturaleza prevaricadora" del procedimiento específico al incluir en su objeto "los hechos conectados a la aceptación de las consecuencias de ese procedimiento, es decir, los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos".

Al hilo de ello, el abogado del exconsejero recuerda el principio de legalidad penal recogido en la Constitución Española y por el que "se designa la prohibición de sancionar más de una vez un mismo hecho ilícito".