Aplazada la declaración de la exdirectora general de Minas investigada por la mina de Aznalcóllar (Sevilla)

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha aplazado al 12 de diciembre la declaración como investigada de la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, en una jornada en la que han arrancado las declaraciones como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.

La primera en declarar, en calidad de testigo, ha sido la ex subdirectora general de Minas, actual presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, la cual ha asegurado que no hubo trato de favor hacia la citada empresa, mientras que Asensio no se ha presentado en los juzgados debido a que su abogado tenía otros señalamientos judiciales que le impedían asistir este lunes a la citada comparecencia.

Sí ha acudido y ha declarado en cambio otro miembro de la comisión, el cual solo ha respondido a la juez y a muy pocas preguntas de los defensores y se ha ratificado en su criterio económico.

En concreto, la magistrada amplió la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación.

En declaraciones a los periodistas, el letrado de Emerita Resources --la otra empresa que se presentó al concurso--, Ramón Escudero, ha precisado que la actual presidenta de Navantia "ha recordado poco" en sus declaraciones señalando que "intervino poco en el concurso, tan solo en unas labores logísticas".

No obstante, la juez se ha mostrado interesada en que ésta aclarara las expresiones de "matrimonio de un día" o "tus amigos los indios", que aparecen en determinados mails en relación al concurso, y esta ha señalado que se refería a una empresa de nacionalidad india que pretendía concursar por otra mina.

A su vez, la jueza extiende esa citación como investigado al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el 2 de diciembre, así como a los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel, el 12 de ese mismo mes, y también a los demás miembros de la Mesa de Contratación que irán declarando durante este mes de noviembre y hasta mediados de diciembre.

Igualmente, la juez acordó en el auto solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

En el auto, la magistradaconsidera "necesario" discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, "formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel".

Con respecto al delito de cohecho, la magistrada amplía la investigación al sustentarse "en los posibles ascensos" de las personas relacionadas con el concurso, "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".

De otra parte, se amplía la investigación con respecto al delito de malversación a tenor de que la propuesta económica de Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso, "ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6". En ese sentido, la juez hace referencia a que en el apartado de las mejoras socio-laborales Emérita "se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial", frente a la propuesta de Minorbis- Grupo México que se "refería sólo mejoras valoradas en 27 millones de euros".

REAPERTURA DE LA CAUSA

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, "considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que al presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.