Cree que el protocolo fue un "acto electoral" del PSOE y éste le pide que no ponga "excusas de mal pagador"
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha rechazado que su departamento pueda llevar a cabo el proyecto de consolidación y modernización de 6.000 hectáreas de regadío de la Comunidad de Regantes de Santa María Magdalena, en el municipio de Mengíbar (Jaén) porque éste carece de "cobertura legal".
En el pleno del Senado, el ministro ha explicado ante una pregunta del senador socialista por Jaén Felipe López que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) no puede hacer estas obras porque, en primer lugar, no están declaradas de interés general. Así, ha señalado que la declaración que se hizo en 2003 se limitaba a la modernización de las primeras 3.000 hectáreas, que eran las que ya tenían agua, no a la ampliación al resto de hectáreas, lo que ha llevado al ministro a considerar que el proyecto no es una modernización sino una ampliación de regadíos.
En esa línea, ha proseguido argumentando que el objeto social de Seiasa es exclusivamente la modernización de regadíos, no la ampliación, y, además, esa sociedad solo tiene financiación de fondos Feder y en el periodo 2007-2013 estaba prohibido ampliar regadíos con estos fondos. "Ha sido en esta programación nueva cuando por primera vez hemos conseguido que se puedan financiar con fondos comunitarios ampliaciones de regadío para el futuro", ha añadido.
A la vista de que "no son de interés general, la Seiasa no tiene objeto social para ello y no se puede financiar con Feder", el "Gobierno no puede realizar actuaciones que no tengan cobertura legal", ha mantenido el ministro.
"FUE UN ACTO ELECTORAL"
Por otro lado, Arias Cañete ha incidido en que el protocolo para el proyecto se firmó en "plena" campaña electoral, por lo que es "un acto puramente electoral". "El que lo firmó ese 4 noviembre sabía que no se podía hacer pero era un acto electoral", ha advertido.
Arias Cañete ha concluido que no existen "cauces válidos" para llevar a cabo el proyecto pero ha dicho que si ahora se quiere realizar, "hay que hacer un motón de cosas"; la primera, declararlas de interés general, que es algo que puede acometer la Junta de Andalucía; y la segunda, financiarlo con cargo al capítulo 6 del programa 414 A del Ministerio.
Si embargo, ahí hay un "segundo gran escollo" --ha proseguido el ministro--, el relacionado con las deudas heredadas del PSOE ya que, cuando este partido estaba en el Gobierno "inventó un peculiar instrumento financiero" que consistía en que "las deudas se dejaban para más adelante, por lo que hasta 2017, cualquier gobierno ha tenido que pagar entre 14 y 15 millones a Tragsa hasta 2008 y 2009 y 29 millones de euros de 2010 a 2017", ha advertido.
PSOE ACUSA DE CAMBIAR DE CRITERIO
Por su parte, López ha acusado a Arias Cañete de "intentar justificar el atropello que se intenta cometer con esta comunidad de regantes", órgano que "siempre" ha respetado lo firmado en el protocolo y "siempre ha actuado de buena fe". "Ahora pretende dejarlos tirados cambiando de criterio unilateralmente", ha lamentado.
El senador jienense ha recordado que la anterior fase de este proyecto contó con una inversión de 13,5 millones de euros cofinanciada por la Junta de Andalucía en un 80 por ciento, pero el Ministerio ha decidido "no ejecutar" el global del proyecto, pese a que está contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
El senador socialista ha mantenido que el proyecto no pretende convertir secano en regadío sino "consolidar y modernizar", por lo que ha pedido a Arias Cañete que "no busque pretextos de mal pagador" en la limitación que supuestamente establecen los fondos Feder porque "la Directiva Marco del Agua no impide que se consoliden los regadíos ya existentes que es lo que pretende este proyecto".
"Hablamos de empleo en el medio rural, del trabajo y del patrimonio de más de 1.000 agricultores, es un responsabilidad darles una oportunidad al entendimiento", ha incidido López que ha concluido reclamando al ministro que "no obligue a estos currantes a pleitear contra decisiones de su Ministerio".
